El Parlamento uruguayo despenaliza el aborto, aunque el presidente ya ha anunciado su veto

El Parlamento uruguayo despenaliza el aborto, aunque el presidente ya ha anunciado su veto

El Parlamento uruguayo ha aprobado este martes tras una dura polémica la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que autoriza el aborto y cuenta con el beneplácito de la mayoría de la población. Sin embargo, sobrevuela el anuncio del presidente Tabaré Vázquez de vetarla.





En el país regía una ley de 1938 que castigaba con prisión a las mujeres que aborten y a quienes colaboren con el procedimiento. La práctica sólo estaba permitida en casos de violación o de riesgo de vida para la madre o el feto.
La recién aprobada Ley de Salud Sexual y Reproductiva incluye la despenalización parcial del aborto durante los primeros tres meses de embarazo, por riesgo para la madre y penurias económicas.

La norma fue aprobada en el Senado con el voto a favor de los 17 representantes de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, que fue la impulsora del proyecto, y la oposición de los 13 legisladores de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.
"En principio estaba previsto que el proyecto de ley fuera pasado a la comisión respectiva, para ampliar su estudio, pero hubo una moción para que fuera tratado en forma urgente y el pleno de la cámara votó a favor la moción y luego por mayoría la ley", señalaron fuentes de la Cámara de Senadores.

La ley fue aprobada, en medio de una fuerte polémica y por escaso margen (49-48), la pasada semana por la Cámara de Diputados pero regresó a la Cámara de Senadores, donde había tenido aprobación previa, porque fue parcialmente modificada por los diputados y los senadores debieron ratificar esos cambios, que no fueron de fondo.
Amenaza de veto


Una de las mayores impulsoras del proyecto fue la senadora socialista Mónica Xavier, médica de profesión y que pertenece al Partido Socialista, el mismo del presidente Tabaré Vázquez.
El jefe de Estado, que es uno de los oncólogos más renombrados del país y alterna sus actividades de presidente con la atención a sus pacientes, destacó en varias oportunidades su posición contraria al aborto y anunció que vetará la ley, posibilidad que le brinda la Constitución.

Xavier, y otros legisladores oficialistas, señalaron su intención de convencer al presidente para que no ejerza el poder de veto, pero Vázquez adelantó que mantendrá su postura.
En caso de que el presidente vete la ley, el Parlamento tiene la posibilidad de levantar el veto y dejarla firme, pero para ello necesita mayorías especiales (tres quintos de los votos de la Asamblea General: senadores y diputados), que no dan los votos de los legisladores oficialistas.

Es decir, sin el apoyo de la oposición, que ya votó en contra en ambas cámaras, no sería posible levantar el veto.
Cientos de personas, la mayoría mujeres, integrantes de organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos a favor y en contra del aborto se manifestaron la pasada semana frente al Parlamento mientras se analizaba el tema.
Incluso, durante el debate, los legisladores y el público asistente a las tribunas en la Cámara de Diputados debió ser evacuado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa.

El 57% de los uruguayos está a favor de la ley que legaliza el aborto y el 63% rechaza la posibilidad de veto que le otorga la Constitución al presidente, según una encuesta difundida el lunes.
El 42% de los consultados está en contra y el 1% no tiene opinión formada o prefirió mantenerla en reserva.
Del 57% que está a favor del aborto la gran mayoría (65%) son jóvenes, el 67% de nivel socio-económico alto y 72% votantes del Frente Amplio.
El jefe de la Iglesia católica en Uruguay, arzobispo Nicolás Cotugno, arrimó más leña al fuego al anunciar la pasada semana que todos los legisladores que votaran la ley quedarían excomulgados de manera automática en el país que es considerado de los más laicos de América Latina.

Esas declaraciones fueron definidas como una "presión inadmisible" por algunos parlamentarios. Tanto la izquierda gobernante como los opositores de centroderecha, cuyos legisladores votaron en contra de la ley, criticaron las declaraciones de las autoridades eclesiásticas.
Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que en Uruguay se practican unos 33.000 abortos al año, aunque organizaciones de defensa de los derechos de la mujer aseguran que el número podría llegar a ser el doble.