La patronal de empresas de seguridad condena las prácticas violentas "aisladas" y defiende la profesionalidad del sector

La patronal de empresas de seguridad condena las prácticas violentas "aisladas" y defiende la profesionalidad del sector
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) condenó hoy "firmemente" las prácticas que considera "aisladas" denunciadas por los medios de comunicación los últimos días en Metro y defendió la profesionalidad del sector de la seguridad privada en España.


En este sentido, manifestó "su más firme condena ante estas prácticas, carentes de cualquier tipo de justificación", al tiempo que subrayó que "son casos aislados, pero en todo caso inadmisibles".


APROSER destacó que existen "más de 80.000 profesionales de seguridad en activo" en España, "que cumplen diariamente un duro cometido, desempeñado en plena adecuación a los principios marcados por la Ley de Seguridad Privada, en particular la protección y el trato correcto a los ciudadanos".


"Son múltiples las actuaciones que diariamente llevan a cabo los vigilantes de seguridad que, en el marco de las funciones que la ley les atribuye, contribuyen indirectamente a la seguridad de los ciudadanos. Nuestra presencia es habitual y positivamente valorada por los usuarios en múltiples servicios, que incluyen, entre otros, las redes de transporte urbano de las principales ciudades españolas", destaca.


"Basta recordar, por ejemplo, la encomiable actuación de los vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en la Estación de Atocha con ocasión de los atentados del 11-M", añade en un comunicado.


Asimismo, recuerda que un reciente estudio realizado por la empresa Análisis e Investigación, que contó con un tamaño muestra de 1.700 encuestas, reflejó que el 69,7% de los ciudadanos tiene una opinión buena o muy buena de la actuación de los vigilantes de seguridad, en tanto que sólo un 9,7% de los encuestados manifestó una opinión mala o muy mala sobre los mismos.


"Aspectos como la atención, amabilidad y profesionalidad de los vigilantes de seguridad han sido citados expresamente por los encuestados. La gran mayoría de los ciudadanos considera, igualmente, que su sensación de seguridad aumenta como consecuencia de la presencia de vigilantes de seguridad", añade el estudio.


Además, APROSER subraya España es el país de la Unión Europea que exige una mayor formación para poder ejercer como vigilante de seguridad, pues es preciso realizar 180 horas de formación en un centro habilitado, y además superar un examen con contenido tanto teórico como práctico, organizado por el Ministerio del Interior. "Requisitos como la ausencia de antecedentes penales no sólo se exigen al inicio del proceso de habilitación sino que determinan la pérdida de la misma", indica la patronal.


Además, la Ley de Seguridad Privada 23/1992 contiene igualmente un estricto régimen sancionador en relación con aquellas eventuales actuaciones de empresas y trabajadores del sector, que se sitúan al margen de los cometidos atribuidos por la Ley, advierte. En particular, un ejercicio abusivo de las funciones en relación con los ciudadanos puede conllevar una multa económica o una suspensión de la habilitación.


Finalmente, Aproser condena el hecho de que ciudadanos procedentes de otros países hayan sido objeto de las agresiones identificadas por los vídeos aparecidos en los medios y, en este sentido, subraya que lleva reclamando desde hace varios años la apertura del proceso de habilitación a los nacionales no comunitarios.


"Esta solicitud, apoyada por todos los grupos parlamentarios el pasado mes de noviembre, y pendiente de adopción por el ejecutivo en esta legislatura, podría representar una aportación adicional del sector de la seguridad privada a una plena integración de trabajadores legalmente residentes en España, con independencia de su nacionalidad", consideran las empresas de seguridad.


APROSER agrupa a 15 empresas de seguridad privada que representan cerca del 75% de los servicios de seguridad que se prestan en España. El sector de la seguridad privada agrupa cerca de 100.000 profesionales y representa un volumen de facturación que se acerca a los 3.500 millones de euros.