Tribuna Pública sobre la situación laboral de la ex viceconsejera de Empleo

19/11/2008 - 7:45 pm
Fuente original: melillense.net
Tribuna Pública sobre la situación laboral de la ex viceconsejera de Empleo

Por Javier Martínez Monreal

“Que es mejor que lo coja, porque habían dicho que si no se reduciría la jornada a quince horas, que está en el punto de mira y que se puede venir cualquier movida… que le van a reducir la jornada laboral… si sigue adelante con los pleitos, que si los va a quitar se lo diga y todo cerrado, que le han dado directrices para que los tenga informados”.

Quien así habla no es alguien de la mafia o de un grupo extorsionador, ni es un empresario privado sin escrúpulos o un encargado laboral sin conciencia. Es todo un Director General de la Ciudad Autónoma de Melilla, según consta en el apartado decimosexto de Hechos probados de la Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 25 de Septiembre de 2008, confirmando la vulneración de derechos fundamentales a una trabajadora de la Ciudad. Esta trabajadora ha obtenido tres pronunciamientos judiciales sucesivos en apoyo de sus demandas. La primera fue del Contencioso administrativo (23-03-2007), reconociendo su derecho a consolidar el puesto de trabajo, como lo han conseguido otros trabajadores de la Ciudad Autónoma. La segunda ha sido dictada por el Juzgado de lo Social en Melilla (25-03-2008), reconociendo la existencia de inicios de vulneración de sus derechos fundamentales por la Administración de la Ciudad. La tercera emana del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (25-03-2008) y dice que, no sólo hay indicios de vulneración, sino que esa vulneración existió en la realidad.

No se conocen medidas de la Administración de la Ciudad dirigidas a los responsables de esta vulneración. Por el contrario, el Consejo de Gobierno, en dos ocasiones, acordó la interposición con dinero público de sendos Recursos jurídicos contra la sentencia favorable a esta trabajadora, contratando los servicios de un reputado bufete madrileño, cuyos honorarios están a la altura de su reputación. Y todavía más, la Administración melillense, sometida al principio y a la presunción de legalidad, se resistió al cumplimiento de una Sentencia firme, y la trabajadora tuvo que solicitar un Auto judicial de ejecución de Sentencia.

Pero la historia no termina aquí. Con la excepción del año 2006, en que la Consejería presentó la documentación fuera de plazo ante el Ministerio de Educación, este año 2008, por primera vez desde 1993, para los Programas de Garantía Social, y desde 1991, para los Programas de adultos, la Ciudad no ha solicitado en la Convocatoria anual, en el Boletín Oficial del Estado, la firma del Convenio con el Ministerio de Educación, por el que la Ciudad recibía una cantidad, este año en torno a los 20.000 euros, para la prestación de este servicio a la población melillense. ¿Cuál es el sentido de esta omisión? En alguna ocasión, ya han advertido a esta trabajadora –demasiado osada por atreverse a reclamar sus derechos laborales- que sin este Servicio, será innecesaria su actividad de Coordinación de los Programas educativos citados y bien podría prescindirse de su puesto de trabajo. Uno no puede menos de asombrarse ante la posibilidad de que, en el plan seguido frente a esta persona, pueda caber la renuncia a prestar un servicio público a más de un centenar de melillenses, dejando de percibir del Ministerio de Educación decenas de miles de euros, con tal de vaciar de contenido el puesto de trabajo.

Y todavía sorprende más cuando te dicen que esta trabajadora, acosada en su trabajo y en peligro de ser despedida, es Inés Urdiales, afiliada al Partido Popular de Melilla, quien recientemente ha desempeñado puestos políticos de responsabilidad. Y, ante todo esto, es natural que nos preguntemos con indignación ciudadana qué están haciendo los responsables de la Administración melillense y cual es su responsabilidad y que, con sonrojo por pertenecer a la misma formación política, queramos saber qué dicen los órganos colegiados y los miembros del Partido Político en que milita. O es que nadie dice nada, porque callar es más cómodo y menos expuesto. Si así fuera –y por ahora no hay indicios en contra- habría que estar seriamente preocupados por la arbitrariedad, cobardía y falta de justicia con la que proceden los más obligados, por la responsabilidad que tienen encomendada, a actuar en defensa de la equidad y de lo justo.

Las condiciones de tensión e inseguridad a las que esta trabajadora está sometida desde hace meses han quebrantado su salud. Por otra parte, “el acoso psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral tanto en el ámbito público como privado” pronto será tipificado como delito y castigado con cárcel. Y mientras tanto, desde la confortabilidad de su sillón, sus compañeros contemplan la escena: unos ejecutan lo mandado y otros guardan silencio y, si llega el caso, aprueban con su voto que con dinero público se interponga recurso jurídico contra las sucesivas resoluciones judiciales favorables a esta trabajadora, a riesgo de olvidar que la injusticia consciente y consentida, por acción u omisión, vicia de raíz toda actuación política. Aferrarse a su puesto como objetivo primario de la acción política retrata muy desfavorablemente a quien lo practica. Pero la pregunta que se plantea es saber si ese silencio se mantendrá ante la posible –no sabemos si inminente- privación programada del puesto de trabajo a esta funcionaria y trabajadora melillense.

Javier Martínez Monreal
Abogado y afiliado al PP de Melilla