El asesinato obliga a reconsiderar la seguridad

El asesinato de Isaías Carrasco obligará a los responsables del Ministerio y el Departamento de Interior a replantearse las medidas de seguridad que se aplican en el País Vasco. La muerte de un ex cargo que en la actualidad no pasaba de ser un militante de base amplia la amenaza a sectores que hasta ahora no se incluían a la hora de marcar las urgencias para llevar escolta.

En la actualidad, alrededor de mil personas llevan guardaespaldas en el País Vasco. Este servicio cuesta 160 millones de euros a los presupuestos de Madrid y Vitoria y emplea a 1.626 escoltas privados y otros tantos procedentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza. El final de la tregua ya puso en apuros a los responsables policiales, puesto que conseguir el número suficiente de guardaespaldas para garantizar la protección de todos los amenazados no fue nada fácil. En este sentido, los representantes de los jueces han reclamado recientemente a Interior central y vasco que aumenten sus medidas de seguridad. Si las instituciones deben hacer frente a la protección de los ex cargos que no cuentan con protección y a las demandas de los jueces, el esfuerzo necesario para contar con suficientes escoltas será mucho más costoso y problemático para las autoridades.

Por otra parte, los responsables de Interior se pueden encontrar con un problema de difícil solución, como es el de las personas que, pese a saberse amenazadas, han rechazado de manera expresa el llevar escolta. En esos casos, en el que se encontraba Isaías Carrasco, es imposible imponer por la fuerza la protección.

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