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Un asalto con «violencia e intimidación» y la «fuerza» de vigilantes jurados
Oviedo, I. R.
El PCE y el PCA sostienen que los cinco acusados ocuparon, «con violencia e intimidación», la sede oficial del Partido Comunista y para ello contrataron los servicios de una cerrajería, que presuntamente cambió las cerraduras del acceso principal a la sede y la de varios despachos. Según su escrito de acusación, además de eso, contrataron los servicios de una empresa de seguridad para que, el 29 de mayo de 2007, vigilantes jurados ocuparan el inmueble e impidieran el acceso libre al local, «dando orden de usar la fuerza, si fuera necesario».
El Partido Comunista afirma que los acusados «mantuvieron ocupada la sede, de forma continuada, durante tres días, esto es, hasta el 31 de mayo de 2007». Francisco de Asís Fernández denunció la supuesta ocupación y solicitó al Juzgado que se le devolviese el local. El Juzgado de instrucción cuatro de Oviedo así lo hizo, disponiendo que se retirasen los vigilantes jurados y se le entregase copias de las llaves nuevas.
Según las acusaciones, los procesados «maquinaron la confección de un contrato de arrendamiento» para intentar justificar la ocupación que presuntamente habían hecho de la sede. Este contrato, presentado supuestamente por Alfonso Suárez Hernández, era falso, apostillan.
Izquierda Unida declinó ayer hacer ninguna valoración sobre el auto del Tribunal Superior y aseguró que, a media tarde de ayer, aún no le había sido notificado a ninguno de los implicados y que éstos tuvieron conocimiento del mismo a través de los medios de comunicación. Por su parte, el TSJA negó esta afirmación y aseguró que todos los procuradores personados fueron avisados ayer por la mañana para que recogieran el auto y que, «a partir de ese momento», éste se da por notificado.
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El Partido Comunista afirma que los acusados «mantuvieron ocupada la sede, de forma continuada, durante tres días, esto es, hasta el 31 de mayo de 2007». Francisco de Asís Fernández denunció la supuesta ocupación y solicitó al Juzgado que se le devolviese el local. El Juzgado de instrucción cuatro de Oviedo así lo hizo, disponiendo que se retirasen los vigilantes jurados y se le entregase copias de las llaves nuevas.
Según las acusaciones, los procesados «maquinaron la confección de un contrato de arrendamiento» para intentar justificar la ocupación que presuntamente habían hecho de la sede. Este contrato, presentado supuestamente por Alfonso Suárez Hernández, era falso, apostillan.
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