Trabas a las sociedades laborales

31.05.09 | lasprovincias.es

Trabas a las sociedades laborales

Hay quienes comparan la grave crisis global que estamos viviendo con la crisis mundial de los años 70 -que tuvo su orígen en la decisión de los países árabes de disminuir la producción de petróleo- y que repercutió en la economía del planeta por su excesiva dependencia del crudo. Hace menos años, la economía mundial sufrió un nuevo revés con la crisis de la "punto com" pero ésta afectó más bien al sector de las telecomunicaciones, sector no obstante estratégico y que había tenido un auge exponencial.

Si entonces aquella crisis (la de los años 70) se sufrió lógicamente en España, las empresas de las tres provincias de la actual Comunidad Valenciana la padecieron intensamente. Este hecho, unido a la inestabilidad política fruto de la incipiente transición democrática en nuestro país, provocó el cierre de un ingente número de empresas.

Con ese panorama, las ayudas públicas y el apoyo de las organizaciones sindicales animaron a muchos trabajadores a adquirir activos de sus empresas y también a iniciar un proceso de modernización de las mismas que encuentra legalmente cuerpo con la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales de 1986 y posteriormente, tras once años de vigencia, con la de la vigente Ley de Sociedades Laborales de 1997 (que introdujo la regulación jurídica de las Sociedades Laborales y la nueva figura de las Sociedades Limitadas Laborales)

Desde entonces, la evolución de las Sociedades Laborales (Anónimas y Limitadas), tomando como referencia las dadas de alta en la Seguridad Social, ha ido inexorablemente in crescendo, constituyendo el motor de crecimiento de la Economía Social en la pasada década, y aportando al tejido empresarial español 15.000 nuevas empresas y cerca de 80.000 nuevos trabajadores empleados. En el periodo 1996-2006, en España, las Sociedades Laborales han pasado de ser casi 6.000 a ser más de 20.000, invirtiéndose, bien es cierto, la tendencia de constitución de un mayor número de Anónimas al comienzo del periodo a un mayor número de Limitadas en 2006, y pasando de emplear de 50.000 a 130.000 personas.

En la Comunidad Valenciana, en 1983 las Sociedades Laborales eran 45, pasándo a ser más de 500 en 1995, con una repercusión de empleo directo de más de 8.000 trabajadores. En 2006, las Sociedades Laborales experimentan el gran salto en nuestra Comunidad con 1.841 Sociedades constituidas que daban empleo a más de 11.000 trabajadores.

Como decía, estamos viviendo una crisis global que primero se denominó financiera (afectó al sistema financiero internacional) y que ahora se ha pasado a llamar "real" porque está golpeando a las empresas, a sus trabajadores, a todos los sectores y al consumo.

En este marco de crisis, la actual normativa aplicable a las Sociedades Laborales presenta una serie de trabas que para Feves (Federación de Empresas Valencianas de Economía Social) no se corresponden con un momento de extremas dificultades económicas. Me refiero a las trabas en la capitalización del pago único por desempleo que soportan los trabajadores de las Sociedades Laborales por la negativa del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) a aceptar que con el dinero procedente de este pago los trabajadores puedan ampliar el capital de su empresa.

Estas incomprensibles trabas ya han sido puestas en conocimiento de la Administración Central al tiempo que ya hemos apuntado igualmente la existencia de reiteradas sentencias judiciales favorables a los trabajadores al respecto de este extremo.

Por otro lado, la reforma de la vigente Ley de Sociedades Laborales de 1997 responde a un compromiso electoral del Partido Socialista -revalidado por el propio ministro de Trabajo e Inmigración en distintas comparecencias parlamentarias- y debería darse en un momento vital, como el actual, para dinamizar la creación de empleo y el tejido empresarial con la creación de nuevas empresas. Pero esto será objeto de un próximo Opinión.

En definitiva, para Feves es más necesario que nunca apoyar a los emprendedores y, por ello, no obstante, creemos que sería una muy buena noticia que el Gobierno Central rectificase y accediese a que el SPEE conceda el pago único, abone el importe solicitado y, tras ello, otorgue el plazo de un mes para que el trabajador aporte la escritura pública de constitución social a la Administración, para acreditar así el correcto destino de la prestación. Con esta propuesta, estamos seguros de que no sería necesario acudir a la financiación ajena ni a la ampliación de capital.

Para Feves, insisto, las trabas expuestas no se corresponden con un momento de enormes dificultades económicas. Frente a las dificultades, la flexibilidad del criterio de la Administración coadyuvará, sin duda, a la creación de nuevas empresas participadas por los trabajadores y, por ende, a la creación de empleo.

Presidente de Feves Societats Laborals