'Antes de agosto habrá un acuerdo para atender a los parados sin protección'

'Antes de agosto habrá un acuerdo para atender a los parados sin protección'

Corbacho prepara una reforma para impedir que los parados se queden desamparados tras agotar la prestación y no apuesta por una rebaja general de cotizaciones.

22-06-2009 - La cartera del ministro de Trabajo se ha convertido en la más pesada del Gobierno de Zapatero. Los récord de empleo exhibidos en la anterior legislatura se han transformado en el hito opuesto: las peores cifras de paro que se recuerdan. Pero el responsable de gobernar este giro, Celestino Corbacho, afronta el reto con sosiego. A las puertas de firmar un acuerdo con sindicatos y empresarios que permita deshacer la imagen de inacción, el ministro avanza que los parados sin protección contarán con una nueva ayuda y recela de las reformas laborales para capear la crisis.

Pregunta. El último barómetro del CIS coloca sobre su cabeza las tres primeras preocupaciones de los españoles: paro, crisis económica e inmigración.

Respuesta. Sobre mi cabeza no. Sitúa esos tres temas sobre la responsabilidad de gestión del Gobierno. Pero la respuesta no debe venir sólo del ámbito sociolaboral.

P. Para combatir el paro, ¿la solución es abaratar el despido, como propone el gobernador del Banco de España?

R.Entiendo que cuando se plantea el abaratamiento del despido es porque se quiere despedir, no contratar. El problema no es abaratar el despido, sino incentivar la contratación. El abaratamiento no es la solución a la crisis. Hay datos que desmienten algunas afirmaciones. Hace seis meses las fábricas de automóviles estaban en una situación compleja. No ha habido ninguna modificación de despido y esas fábricas tienen ahora más futuro. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están comprando coches. Ahí tenemos la respuesta de que hay que animar la confianza de los ciudadanos.

P. ¿Por qué cree que insiste el gobernador en esta receta?

R.No lo sé. Supongo que el gobernador entiende que debe opinar sobre todas las materias que puedan tener incidencia en la economía. Eso le lleva a tener un punto de vista sobre el mercado laboral y cada vez que tiene oportunidad, da su opinión. La respeto pero no la comparto. Si desde determinados sectores se piden reformas laborales, quizás desde el sector laboral deberían pedirse reformas en otros sectores.

P. ¿En el sector financiero?

R.Por ejemplo. Es el sector financiero es el que nos ha llevado a esta situación. Por eso parece razonable reflexionar sobre qué hacer para que no vuelva a pasar. Dicho esto, mi reconocimiento al trabajo del gobernador en el sistema financiero español, que ha resistido la fuerza del tsunami global. Yo sí reconozco ahí un mérito, pero hay que seguir reflexionando.

P. Aunque no sea la receta de Fernández Ordóñez, alguna medida laboral habrá que aplicar. ¿Qué solución propone usted?

R.El Gobierno no se cierra a hablar de reformas. Pero la condición es que se discutan en el diálogo social. No emprenderemos una reforma unilateral del mercado laboral. De todas maneras, estoy convencido que antes de vacaciones habrá acuerdo.

P. Pero el proceso se retrasa mucho. ¿Usted cree que la sociedad entiende que con una necesidad tan acuciante de reformas apenas haya habido resultado?

R. ¿Usted cree que la crisis económica se habría solucionado con una reforma laboral? Yo creo que no.

P. Pero al menos hacen falta algunas medidas, por ejemplo, para los parados sin protección.

R.El Gobierno ha adoptado medidas, entre ellas llevar un crédito de 16.000 millones de euros para atender las prestaciones por desempleo. Lo que pasa es que no le podemos pedir al diálogo social que resuelva temas que no son sociolaborales. Si ha habido una restricción del crédito, eso no es sociolaboral. La intensidad de la crisis ha sido tal que incluso con las medidas no ha sido suficiente.

P. ¿Cuándo estará en marcha la ayuda que planean para los parados sin protección?

R.Antes de agosto habrá un acuerdo que plasme las propuestas para atender a ese colectivo que tenía empleo, lo perdió y ha agotado la prestación. Sería una medida durante un periodo, ligada, eso sí, a la formación para volver al empleo lo antes posible.

P. ¿Y habrá también alguna rebaja de cotizaciones?

R.Eso lo pide la CEOE. La condición es que cualquier medida en Seguridad Social tiene que partir del principio de no poner en riesgo la sostenibilidad del sistema y de las pensiones. Lo que la CEOE plantea de rebajar cinco puntos (17.000 millones de euros) es imposible. ¿Puede haber algún margen? Es lo que habrá que ver.

P. O sea, que sería una rebaja selectiva.

R.La rebaja generalizada tiene un problema: que no diferencia entre sectores que pagan más o menos ni entre empresas en beneficios o en pérdidas. Además, tiene un impacto muy alto.

P. Usted confía en el acuerdo pero, si no se produjese, ¿aprobarían alguna medida?

R.El Gobierno seguirá gobernando hasta el final de la legislatura. Incluso un decreto que ahora está en trámite parlamentario no fue acordado en el diálogo social. Pero se avanza más mediante la concertación que mediante la confrontación.

P. ¿El acuerdo de julio no incluirá la reforma de los servicios públicos de empleo?

R.Los servicios necesitan una potenciación y una reforma técnica. Estamos trabajando en un proyecto que espero que esté antes de final de año acordado con agentes sociales y comunidades. No estará con concreción en el acuerdo de julio pero sí trazado.

P. ¿Entrarán las empresas de trabajo temporal en la gestión de los servicios de empleo?

R. Lo que decida la mesa del diálogo social.

P. Pues en la mesa del diálogo social hay una parte que dice que sí y otra que dice que no. Tendrán que mediar ustedes.

R.Se ha llevado el debate a una simplificación: ETT sí o no. El tema es más complejo. Hoy se está intermediando a través de Internet y no sé si lo podemos regular. Hay que superar ese discurso y mejorar la prestación de los servicios públicos de empleo.

P. El ex presidente Felipe González critica que estén esperando un acuerdo en el diálogo social para actuar.

R.Felipe González es una persona por la que siento un gran respeto. En cualquier caso, yo creo que hay que apurar siempre las posibilidades de diálogo.

P. El caso del inmigrante boliviano que perdió un brazo en una panificadora de Valencia ha puesto sobre la mesa el problema del empleo sumergido. ¿La crisis está haciendo crecer la economía sumergida?

R. La crisis es el momento para que pueda crecer la economía sumergida. Por dos circunstancias: porque siempre habrá alguien dispuesto a aceptar el primer trabajo que le den y porque alguien se aprovechará de eso para no tener los costes laborales regulares. Como somos conscientes, este año las inspecciones de trabajo para combatir la economía irregular crecen un 30%. Hemos identificado tres sectores: textil, construcción y agricultura.

P. ¿Esos tres sectores son sospechosos de contener más casos de economía sumergida?

R. En esos sectores la economía sumergida puede darse con más facilidad que en otros.

P.Aunque no haya datos, es posible extraer la conclusión de que la economía sumergida está creciendo. Si confrontamos los inmigrantes de la EPA con los afiliados a la Seguridad Social, hay una brecha de prácticamente un millón de personas.

R. Yo sólo puedo certificar los datos que tengo. No me atrevería de ninguna manera a decir que hay un millón de inmigrantes en la economía sumergida.

P.Antes de las elecciones el PSOE se comprometió a aumentar en un millar el personal de la Inspección de Trabajo durante esta legislatura.

R.Estamos en ello. El Gobierno determinó congelación de plantillas, con excepción de algunos sectores, entre ellos la Inspección de Trabajo. Se pretende llegar a 3.000 efectivos. En 2008 convocamos 245 plazas y este año hemos convocado 203.

P. Faltan sólo unos días para que el Consejo de Estado emita su informe sobre el borrador de proyecto de ley de modificación de la Ley de Extranjería. ¿Ha mantenido conversaciones con otros grupos parlamentarios?

R. Sí, con todos. Y he tenido la percepción de que ninguno de ellos va a posicionarse en contra. Es algo que agradezco.

P. La reforma de la ley tiene dos caras: una parte da más derechos a los inmigrantes y otra les recorta algunos.

R. No estoy de acuerdo con que restrinja...

P. Aumenta el periodo de internamiento, limita la reagrupación familiar...

R. Yo creo que hay ordenación, más que restricción.

P. La cara más adusta de la ley gusta más al PP. ¿Cree posible llegar a un acuerdo con ese grupo?

R.Hay que intentar que haya el máximo consenso. No hay que excluir al PP si quiere discutir la ley desde una posición central y racional. Se trata de dotarnos de un buen instrumento que permita no acudir a modificaciones en la próxima década.

P. ¿Cómo va el plan de retorno voluntario que usted impulsó?

R.Cuando se aprobó, en España había 87.000 inmigrantes en paro de los 20 países con los que tenemos convenios de la Seguridad Social. Cuando se le preguntó al Gobierno cuál era su objetivo, respondimos que entre el 10% y el 15%. Estamos en 7.000 solicitudes aprobadas, entre titulares y familiares. A final de año estaremos entre 10.000 y 15.000 retornados.

P. Más de la mitad de los españoles, según el CIS, cree que los inmigrantes reciben muchas o demasiadas ayudas.

R.Es una percepción errónea. No hay discriminación positiva. El inmigrante tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que un español.

P. ¿No cree que esa visión puede crear brotes de xenofobia?

R.Los poderes públicos tenemos que hacer un trabajo permanente de pedagogía para dejar claro que los inmigrantes no son los culpables de la crisis, sino los que la están pagando. Es verdad que en momentos de crisis pueden aparecer ideas...

P. ¿Qué se está haciendo para cambiar esas ideas?

R.Se está trabajando en muchos ámbitos. Quien más iguala en la educación en la diversidad es la escuela. En segundo lugar, los ayuntamientos y las comunidades, que tienen sus programas. Y, finalmente, el Estado, que en una situación de recorte económico, el fondo que al final no se ha tocado ha sido el de integración.

P. Bueno ahí se rectificó, porque al principio ustedes lo recortaron.

R. Efectivamente. El propio presidente del Gobierno hizo que se repusiera el recorte.
L. ABELLÁN / T. BÁRBULO
El Pais