Las empresas de seguridad están vetadas para los inmigrantes
La ley impide a los extracomunitarios trabajar como vigilantes
Una semana después de que se hicieran públicas las imágenes de las agresiones de vigilantes privados a inmigrantes en el Metro de Madrid, una guardia de seguridad afirma en la estación de Argüelles: “Ha habido mucho montaje en este asunto. La gente no sabe que los inmigrantes están muy subiditos”. Esta vigilante añade que ve “bien” que los inmigrantes de fuera de la UE no puedan vigilar el metro o un centro comercial. “Mejor un español, claro”.
La ley impide a los extracomunitarios trabajar en seguridad privada, pero Aproser, la patronal, asegura que el sector necesita cubrir 20.000 plazas con urgencia. “Una de nuestras reivindicaciones pasa porque se cambie la ley porque tenemos más oferta que demanda de empleo”, afirman fuentes de Securitas.
El 7% de los empleados de esta empresa en Madrid son nacionalizados españoles de origen extranjero.La vigilancia supone un mercado en auge vetado al colectivo de inmigrantes que avecina tiempos duros por el parón en la construcción.
Actualmente hay 143.000 personas capacitadas en España para trabajar de vigilante privado. En activo, son 83.000.
El grupo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados planteó una iniciativa en noviembre para que el Gobierno impulsara los requisitos necesarios para modificar la ley. El diputado Josep María Guinart Solá utilizó el siguiente argumento: “Es una incongruencia que un iberoamericano no pueda acceder a la seguridad privada después de haber sido capaz de ser miembro de las Fuerzas Armadas”.
Intrusismo
El efecto que ha producido esta norma en el sector es el intrusismo laboral. Las empresas han creado la figura del auxiliar de seguridad y estas plazas sí que pueden ser ocupadas por inmigrantes. Se trata de un trabajador que a veces desempeña las mismas labores que el vigilante pero sin tener ni la licencia ni la formación necesaria. Interior obliga a los vigilantes de seguridad a tener la enseñanza secundaria obligatoria, carecer de antecendentes y haber pasado un treconocimiento médico físico y psicológico.
Las imágenes de YouTube en las que se observa como trabajadores de Prosegur y Cosesa denigran a inmigrantes han teñido de xenofobia al colectivo de vigilantes de seguridad. Son casos aislados, según afirmaron las empresas afectadas. Sin embargo, algunos de sus compañeros justifican su actuación. “En el Metro se ven cosas increíbles. Muchos inmigrantes son incontrolables y se pasan la vida de estación en estación a ver qué pillan”, explica un trabajador de Cosesa que no quiere dar su nombre.
Las empresas, los sindicatos y las asociaciones han denunciado el maltrato por parte de estos empleados, sin embargo, declaraciones como la del trabajador que justifica a los violentos dan a entender la impunidad de la que gozan los escasos xenófobos de un sector prohibido, por ahora, para los inmigrantes.
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La ley impide a los extracomunitarios trabajar como vigilantes
Una semana después de que se hicieran públicas las imágenes de las agresiones de vigilantes privados a inmigrantes en el Metro de Madrid, una guardia de seguridad afirma en la estación de Argüelles: “Ha habido mucho montaje en este asunto. La gente no sabe que los inmigrantes están muy subiditos”. Esta vigilante añade que ve “bien” que los inmigrantes de fuera de la UE no puedan vigilar el metro o un centro comercial. “Mejor un español, claro”.
La ley impide a los extracomunitarios trabajar en seguridad privada, pero Aproser, la patronal, asegura que el sector necesita cubrir 20.000 plazas con urgencia. “Una de nuestras reivindicaciones pasa porque se cambie la ley porque tenemos más oferta que demanda de empleo”, afirman fuentes de Securitas.
El 7% de los empleados de esta empresa en Madrid son nacionalizados españoles de origen extranjero.La vigilancia supone un mercado en auge vetado al colectivo de inmigrantes que avecina tiempos duros por el parón en la construcción.
Actualmente hay 143.000 personas capacitadas en España para trabajar de vigilante privado. En activo, son 83.000.
El grupo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados planteó una iniciativa en noviembre para que el Gobierno impulsara los requisitos necesarios para modificar la ley. El diputado Josep María Guinart Solá utilizó el siguiente argumento: “Es una incongruencia que un iberoamericano no pueda acceder a la seguridad privada después de haber sido capaz de ser miembro de las Fuerzas Armadas”.
Intrusismo
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Las imágenes de YouTube en las que se observa como trabajadores de Prosegur y Cosesa denigran a inmigrantes han teñido de xenofobia al colectivo de vigilantes de seguridad. Son casos aislados, según afirmaron las empresas afectadas. Sin embargo, algunos de sus compañeros justifican su actuación. “En el Metro se ven cosas increíbles. Muchos inmigrantes son incontrolables y se pasan la vida de estación en estación a ver qué pillan”, explica un trabajador de Cosesa que no quiere dar su nombre.
Las empresas, los sindicatos y las asociaciones han denunciado el maltrato por parte de estos empleados, sin embargo, declaraciones como la del trabajador que justifica a los violentos dan a entender la impunidad de la que gozan los escasos xenófobos de un sector prohibido, por ahora, para los inmigrantes.
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