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Cientos de empresas de seguridad y decenas de miles de vigilantes esperan que el Supremo se pronuncie en las próximas semanas sobre la fijación del valor justo de las horas extras realizadas entre 2005 y 2008. El sistema previsto en el convenio fue declarado ilegal por el Alto Tribunal, lo que ha obligado a las empresas a dotar 150 millones por la factura que pudiera derivarse de la decisión judicial.
La decisión se espera para antes del verano. El Tribunal Supremo debe establecer el sistema de cálculo a partir del cual se determinará el justo valor de las horas extra realizadas por los trabajadores de empresas de seguridad entre 2005 y 2008.
La fórmula anterior, prevista en el convenio colectivo suscrito por las patronales del sector y los sindicatos UGT y USO en mayo de 2005, fue anulada por el Alto Tribunal, a instancias de las organizaciones sindicales no firmantes del acuerdo, al entender que la no inclusión de los complementos salariales en el devengo de los tiempos extraordinarios de trabajo erosionaba sus derechos.
El problema fue que el Supremo proclamó la ilegalidad del sistema de pago de horas extra e incluso argumentó el impago de los complementos como motivo último de esta ilegalidad, pero no dejó sentado qué complementos incluir en el devengo de las mismas.
Este resquicio legal y los equívocos generados por dos sentencias casi consecutivas de la Audiencia Nacional, que, por un lado, establecían un nuevo sistema de referencia y, por otro, cuestionaban el procedimiento seguido para anular el sistema anterior, desembocaron en una batalla de recursos judiciales por ambas partes, que lo que ha conseguido ha sido retrasar la resolución de esta problemática.
A la espera de que se resuelva el embrollo judicial, las empresas de seguridad han optado por no abonar los salarios que se les exigen, "principalmente porque no conocemos qué cantidad debemos pagar", explican desde Aproser, una de las patronales del sector.
Una factura millonaria
Lo que sí han hecho la mayoría es provisionar las cuantías que, estiman, deberán abonar a sus trabajadores cuando se conozca la resolución del Supremo. Las empresas se muestran remisas a la hora de hablar de cifras concretas, pero fuentes del sector estiman en alrededor de 150 millones de euros la factura que le puede costar a las compañías de seguridad el pago de las jornadas extraordinarias completadas por sus trabajadores entre 2005 y 2008.
Los datos que se conocen avalan esta estimación. La primera firma del ramo por cuota de mercado (31%, según sus propias cifras), Prosegur, que tiene especiales obligaciones de transparencia por su condición de empresa cotizada, tiene provisionados 53,3 millones para la cobertura de esta contingencia.
Y Securitas, otra de las grandes del sector, con una cuota del 10%, reconocía en su último informe anual la existencia de una reserva de 11,45 millones de euros (con el tipo de cambio actual con la corona sueca) para este asunto.
No obstante, estos cálculos podrían quedarse cortos, según advierten desde el Área de Seguridad de la Federación de Servicios de UGT (FeS). "El 70% de las empresas está pagando menos por las horas extra de lo que se pagaba antes del convenio de 2005 y sus cálculos se pueden basar en premisas erróneas".
El punto de fractura entre la posición sindical y la patronal está en los complementos a incluir en el devengo de las horas extra. Mientras el convenio denunciado sólo obligaba a pagar el valor normal de una hora ordinaria más la antigüedad, las empresas entienden que el tirón de orejas judicial únicamente les obliga a sumar a esa cantidad los complementos de residencia y de destino. Los sindicatos, por su parte, entienden que la decisión judicial obligaría a agregar los plus por transporte y vestuario, que se abonaban antes de 2005 pero que las empresas se niegan a pagar ahora.
La decisión se espera para antes del verano. El Tribunal Supremo debe establecer el sistema de cálculo a partir del cual se determinará el justo valor de las horas extra realizadas por los trabajadores de empresas de seguridad entre 2005 y 2008.
La fórmula anterior, prevista en el convenio colectivo suscrito por las patronales del sector y los sindicatos UGT y USO en mayo de 2005, fue anulada por el Alto Tribunal, a instancias de las organizaciones sindicales no firmantes del acuerdo, al entender que la no inclusión de los complementos salariales en el devengo de los tiempos extraordinarios de trabajo erosionaba sus derechos.
El problema fue que el Supremo proclamó la ilegalidad del sistema de pago de horas extra e incluso argumentó el impago de los complementos como motivo último de esta ilegalidad, pero no dejó sentado qué complementos incluir en el devengo de las mismas.
Este resquicio legal y los equívocos generados por dos sentencias casi consecutivas de la Audiencia Nacional, que, por un lado, establecían un nuevo sistema de referencia y, por otro, cuestionaban el procedimiento seguido para anular el sistema anterior, desembocaron en una batalla de recursos judiciales por ambas partes, que lo que ha conseguido ha sido retrasar la resolución de esta problemática.
A la espera de que se resuelva el embrollo judicial, las empresas de seguridad han optado por no abonar los salarios que se les exigen, "principalmente porque no conocemos qué cantidad debemos pagar", explican desde Aproser, una de las patronales del sector.
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Lo que sí han hecho la mayoría es provisionar las cuantías que, estiman, deberán abonar a sus trabajadores cuando se conozca la resolución del Supremo. Las empresas se muestran remisas a la hora de hablar de cifras concretas, pero fuentes del sector estiman en alrededor de 150 millones de euros la factura que le puede costar a las compañías de seguridad el pago de las jornadas extraordinarias completadas por sus trabajadores entre 2005 y 2008.
Los datos que se conocen avalan esta estimación. La primera firma del ramo por cuota de mercado (31%, según sus propias cifras), Prosegur, que tiene especiales obligaciones de transparencia por su condición de empresa cotizada, tiene provisionados 53,3 millones para la cobertura de esta contingencia.
Y Securitas, otra de las grandes del sector, con una cuota del 10%, reconocía en su último informe anual la existencia de una reserva de 11,45 millones de euros (con el tipo de cambio actual con la corona sueca) para este asunto.
No obstante, estos cálculos podrían quedarse cortos, según advierten desde el Área de Seguridad de la Federación de Servicios de UGT (FeS). "El 70% de las empresas está pagando menos por las horas extra de lo que se pagaba antes del convenio de 2005 y sus cálculos se pueden basar en premisas erróneas".
El punto de fractura entre la posición sindical y la patronal está en los complementos a incluir en el devengo de las horas extra. Mientras el convenio denunciado sólo obligaba a pagar el valor normal de una hora ordinaria más la antigüedad, las empresas entienden que el tirón de orejas judicial únicamente les obliga a sumar a esa cantidad los complementos de residencia y de destino. Los sindicatos, por su parte, entienden que la decisión judicial obligaría a agregar los plus por transporte y vestuario, que se abonaban antes de 2005 pero que las empresas se niegan a pagar ahora.
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