REGIONAL
La Policía pierde cada año 4.000 horas de trabajo en atender falsas alarmas
EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA | BADAJOZ
Apenas el 4,5% de los avisos se corresponde con hechos delictivos
Las alertas erróneas se castigan con sanciones de hasta 6.000 euros
La Policía dedica un mínimo de dos agentes a comprobar cada aviso de alarma
No van armadas ni llevan uniforme, tampoco usan grilletes para inmovilizar a los delincuentes, pero han terminado por convertirse en el 'perro' guardian preferido por los extremeños. Su silencio y su sigilo es temido por los cacos, y hasta las bandas más peligrosas renuncian a sus mejores 'golpes' para no caer en sus garras. Así son las alarmas, tan diversas como eficaces, sensibles al movimiento, al sonido o al calor. Para muchos es el sistema de vigilancia perfecto, aunque tienen su talón de aquiles.
Las estadísticas policiales revelan que el porcentaje de eficacia de las alarmas está muy lejos de la excelencia. La prueba está en la ciudad de Cáceres, donde la práctica totalidad de los avisos recibidos desde las centrales receptoras de alarmas resultaron ser falsos: de las 518 llamadas que hicieron a la comisaría de la capital durante el año 2008, sólo 14 se correspondieron con intentos de robo auténticos.
Las estadísticas no son muy distintas en la ciudad de Badajoz, donde las alarmas reales apenas supusieron el 5,6% de las llamadas emitidas por las empresas de seguridad: 45 verdaderas sobre un total de 791.
El inspector Julio Hidalgo Concellón, jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Badajoz, ha confirmado que la inmensa mayoría de los avisos que recibe la Policía Nacional no tiene justificación: fallos en los sistemas por falta de mantenimiento, cortes en el suministro eléctrico, golpes fortuitos en las lunas de seguridad e incluso la entrada de animales (aves, gatos...) en las instalaciones pueden obligar a movilizar hasta a varias dotaciones policiales.
Preocupación
Recientes informes han puesto de manifiesto que las falsas alarmas comienzan a preocupar a los responsables policiales, pues se ven obligados a reaccionar ante avisos que la mayoría de las veces no concuden a nada. Una alerta fallida no supone un problema, pero en España ya funcionan casi 400.000 alarmas y el porcentaje de avisos falsos se aproxima al 90%.
Esta realidad ha hecho reaccionar a los responsables de la Seguridad Privada en las comisarías, que empiezan a proponer para sanción a las empresas o particulares que poseen alarmas especialmente ineficaces. «Cuando detectamos que se dispara en dos ocasiones durante un mismo mes, enviamos un escrito al negocio o al particular para pedirle que se ponga en contacto con la empresa que le mantiene la alarma», afirma Hidalgo.
Esa advertencia debería ser suficiente para que el propietario del sistema solvente el fallo, puesto que un tercer error desemboca en una propuesta de sanción ante la Subdelegación del Gobierno correspondiente.
Sanción
El Cuerpo Nacional de Policía afirma que la sanción en Extremadura puede llegar a los 300 euros, una cantidad mínima si se compara con las multas de 6.000 euros que se imponen en comunidades autónomas donde las alarmas son una verdadera plaga. «El problema de las falsas alarmas apenas existe con las empresas serias, el verdadero riesgo está en el electricista o el informático que se dedica a montar alarmas por su cuenta y riesgo».
Son esos sistemas colocados por personas sin excesivos conocimientos, unidos al escaso o nulo mantenimiento posterior, los que provocan la mayoría de las falsas alarmas. «Hacer esas instalaciones sin estar habilitado puede acarrear sanciones de hasta 30.000 euros», añade Hidalgo.
Las Unidades Territoriales de Seguridad Privada en Cáceres y Badajoz son muy exigentes con estos requisitos y trabajan para conseguir que los sistemas de alarma que se instalan en la región se adapten a las normativas en vigor. «Las oficinas bancarias, las empresas de seguridad, las gasolineras, las joyerías y los despachos de lotería están obligados a contar con potentes medidas de seguridad. En esos casos nosotros visitamos los locales antes de su apertura para comprobar que los sistemas son adecuados y funcionan correctamente».
El estricto control reduce considerablemente las falsas alarmas, pero no ocurre lo mismo en los domicilios particulares y en las empresas más pequeñas, que cuentan con sistemas menos sofisticados.
Sólo en las dos capitales de provincia, el Cuerpo Nacional de Policía recibió el año pasado 1.309 avisos por falsas alarmas, unas comunicaciones que le obligaron a dedicar al menos 4.000 horas de trabajo, puesto que la atención de cada uno de los avisos moviliza, como mínimo, a una patrulla de dos agentes que emplea alrededor de hora y media en corroborar que la incidencia no el real.
La presión sobre las empresas de seguridad, la lucha contra los instaladores no homologados y las sanciones son las tres armas que posee la Policía para reducir las falsas incidencias, pero los expertos no descartan que en el futuro se pueda aplicar una tasa similar a la que ya aplican los servicios de bomberos cuando actúan en propiedades privadas.
La Policía pierde cada año 4.000 horas de trabajo en atender falsas alarmas
EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA | BADAJOZ
Apenas el 4,5% de los avisos se corresponde con hechos delictivos
Las alertas erróneas se castigan con sanciones de hasta 6.000 euros
La Policía dedica un mínimo de dos agentes a comprobar cada aviso de alarma
No van armadas ni llevan uniforme, tampoco usan grilletes para inmovilizar a los delincuentes, pero han terminado por convertirse en el 'perro' guardian preferido por los extremeños. Su silencio y su sigilo es temido por los cacos, y hasta las bandas más peligrosas renuncian a sus mejores 'golpes' para no caer en sus garras. Así son las alarmas, tan diversas como eficaces, sensibles al movimiento, al sonido o al calor. Para muchos es el sistema de vigilancia perfecto, aunque tienen su talón de aquiles.
Las estadísticas policiales revelan que el porcentaje de eficacia de las alarmas está muy lejos de la excelencia. La prueba está en la ciudad de Cáceres, donde la práctica totalidad de los avisos recibidos desde las centrales receptoras de alarmas resultaron ser falsos: de las 518 llamadas que hicieron a la comisaría de la capital durante el año 2008, sólo 14 se correspondieron con intentos de robo auténticos.
Las estadísticas no son muy distintas en la ciudad de Badajoz, donde las alarmas reales apenas supusieron el 5,6% de las llamadas emitidas por las empresas de seguridad: 45 verdaderas sobre un total de 791.
El inspector Julio Hidalgo Concellón, jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Badajoz, ha confirmado que la inmensa mayoría de los avisos que recibe la Policía Nacional no tiene justificación: fallos en los sistemas por falta de mantenimiento, cortes en el suministro eléctrico, golpes fortuitos en las lunas de seguridad e incluso la entrada de animales (aves, gatos...) en las instalaciones pueden obligar a movilizar hasta a varias dotaciones policiales.
Preocupación
Recientes informes han puesto de manifiesto que las falsas alarmas comienzan a preocupar a los responsables policiales, pues se ven obligados a reaccionar ante avisos que la mayoría de las veces no concuden a nada. Una alerta fallida no supone un problema, pero en España ya funcionan casi 400.000 alarmas y el porcentaje de avisos falsos se aproxima al 90%.
Esta realidad ha hecho reaccionar a los responsables de la Seguridad Privada en las comisarías, que empiezan a proponer para sanción a las empresas o particulares que poseen alarmas especialmente ineficaces. «Cuando detectamos que se dispara en dos ocasiones durante un mismo mes, enviamos un escrito al negocio o al particular para pedirle que se ponga en contacto con la empresa que le mantiene la alarma», afirma Hidalgo.
Esa advertencia debería ser suficiente para que el propietario del sistema solvente el fallo, puesto que un tercer error desemboca en una propuesta de sanción ante la Subdelegación del Gobierno correspondiente.
Sanción
El Cuerpo Nacional de Policía afirma que la sanción en Extremadura puede llegar a los 300 euros, una cantidad mínima si se compara con las multas de 6.000 euros que se imponen en comunidades autónomas donde las alarmas son una verdadera plaga. «El problema de las falsas alarmas apenas existe con las empresas serias, el verdadero riesgo está en el electricista o el informático que se dedica a montar alarmas por su cuenta y riesgo».
Son esos sistemas colocados por personas sin excesivos conocimientos, unidos al escaso o nulo mantenimiento posterior, los que provocan la mayoría de las falsas alarmas. «Hacer esas instalaciones sin estar habilitado puede acarrear sanciones de hasta 30.000 euros», añade Hidalgo.
Las Unidades Territoriales de Seguridad Privada en Cáceres y Badajoz son muy exigentes con estos requisitos y trabajan para conseguir que los sistemas de alarma que se instalan en la región se adapten a las normativas en vigor. «Las oficinas bancarias, las empresas de seguridad, las gasolineras, las joyerías y los despachos de lotería están obligados a contar con potentes medidas de seguridad. En esos casos nosotros visitamos los locales antes de su apertura para comprobar que los sistemas son adecuados y funcionan correctamente».
El estricto control reduce considerablemente las falsas alarmas, pero no ocurre lo mismo en los domicilios particulares y en las empresas más pequeñas, que cuentan con sistemas menos sofisticados.
Sólo en las dos capitales de provincia, el Cuerpo Nacional de Policía recibió el año pasado 1.309 avisos por falsas alarmas, unas comunicaciones que le obligaron a dedicar al menos 4.000 horas de trabajo, puesto que la atención de cada uno de los avisos moviliza, como mínimo, a una patrulla de dos agentes que emplea alrededor de hora y media en corroborar que la incidencia no el real.
La presión sobre las empresas de seguridad, la lucha contra los instaladores no homologados y las sanciones son las tres armas que posee la Policía para reducir las falsas incidencias, pero los expertos no descartan que en el futuro se pueda aplicar una tasa similar a la que ya aplican los servicios de bomberos cuando actúan en propiedades privadas.
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