Un colectivo de jueces protesta por la falta de traductores cualificados para las vistas

Un colectivo de jueces protesta por la falta de traductores cualificados para las vistas

Un extranjero que cuente con un mal traductor se convierte en una persona indefensa. Y eso se está produciendo en la región por culpa de algunos intérpretes que no están preparados para trabajar en un procedimiento penal o en un juicio, según denunció la sección territorial de Madrid de la asociación Jueces para la Democracia. Este colectivo profesional ha detectado graves problemas desde hace tiempo y ha pedido que el Gobierno regional, como responsable de este servicio, ponga soluciones inmediatas para acabar con la indefensión.

El coordinador de la sección territorial de Madrid, el juez Luis Aurelio González Martín, destacó que los principales problemas se están dando en la jurisdicción penal, sobre todo en los juzgados de instrucción. "Muchas veces nos

encontramos con que los traductores hacen interpretaciones muy libres y que el procesado no sabe de qué se le acusa. Eso se produce en los idiomas que son menos comunes", destaca González Martín. Otro problema con el que se topan los magistrados es que muchas veces los traductores no son capaces de hacer una traducción simultánea del juicio, por lo que los acusados no saben lo que está pasando. Todo ello conlleva una clara indefensión para el imputado y que se estén vulnerando sus derechos fundamentales, según el coordinador regional de Jueces para la Democracia. Los responsables de este colectivo están elaborando un informe que remitirán a la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia para que solucione a la mayor brevedad los

problemas que vienen detectando desde hace tiempo. Según el magistrado González Martín, estas irregularidades se han podido producir por el cambio de empresa adjudicataria del servicio.

Fuentes de la Consejería de Justicia destacaron que el servicio que está ofreciendo la empresa adjudicataria del servicio desde el pasado 1 de enero es adecuada y que, hasta la fecha, no han recibido ninguna queja oficial por escrito por parte de los responsables de los juzgados que hay en la región. Además, se han endurecido las sanciones, que llegan hasta la rescisión del contrato.