Un juez deja en evidencia a un alto funcionario del Cabildo

Carlos Gutiérrez se prestó a declarar en favor de vigilantes en vez de abrir una investigación interna en la Corporación grancanaria.

Pdf: Sentencia de los despidos en SIC

Un juez de lo social ha dejado en entredicho y arrojado dudas de envergadura sobre el modo de proceder de un alto funcionario del Cabildo de Gran Canaria, el Jefe de Servicio de Régimen Interior, Carlos Gutiérrez, por haberse prestado a declarar en un juicio por despido, como testigo, en favor de vigilantes de Seguridad Integral Canaria que inflaban servicios y horas al Cabildo, en vez de haber abierto una propia investigación interna para esclarecer los hechos ahora probados.
En una sentencia fechada el 24 de marzo, el titular del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestima la demanda por despido improcedente de un vigilante de Seguridad Integral, Alexis González Melián, al considerar probado que en connivencia con el coordinador de servicios de la empresa, José Ángel García Martín, falsificaron trabajos e inflaron costes mediante horas extras ficticias cargadas al Cabildo.
En octubre de 2009, la empresa de seguridad de Miguel Ángel Ramírez Alonso detectó estas irregularidades y abrió una investigación interna, al constatar que desde el propio Cabildo, los responsables del servicio de vigilancia y seguridad privada, Adrián del Pino Sánchez y Carlos Gutiérrez Cárdenas, emitieron y notificaron a la empresa varios oficios contradictorios sobre los servicios prestados.
La trama descubierta por Seguridad Integral provocó el despido por causa disciplinaria del coordinador de servicios y otros cinco vigilantes jurados. Tres de ellos admitieron haber cometido esas "faltas muy graves" por órdenes del coordinador, García Martín -ahora delegado de la nueva empresa adjudicatoria de la seguridad del Cabildo, Serramar- y repartirse el dinero de las horas extras -entre 1.000 y 1.500 euros mensuales al menos entre enero y octubre septiembre de 2009- con su superior.
Sólo el coordinador de servicios y el vigilante González Melián negaron los hechos e interpusieron sendas demandas por despido improcedente y en ambos casos presentaron ante el Juzgado como testigo al Jefe de Servicio de Régimen Interior del Cabildo, responsable del reciente informe de adjudicación a Serramar de la seguridad de la Corporación, en detrimento de Seguridad Integral.
El magistrado resalta "la extrañeza que produce en este Juzgador que el Jefe de Servicio del propio cliente de la demandada, Cabildo de Gran Canaria, se persone como testigo de la parte actora pretendiendo certificar la realización de servicios cuando, o bien estaba de baja médica, o bien estaba de vacaciones (tal como ha reconocido expresamente), lo que imposibilita conocer si estos se realizaban o no y en qué condiciones".
Un funcionario contra el interés público
El juez afea la conducta del funcionario por pretender "esclarecer verdad sobre periodos en los que no estuvo de alta y operativo, sobre servicios cuya realización no puede constatar pese a solicitar su realización y dar el visto bueno a los cuadrantes que propician la facturación a la entidad pública para la que trabaja, hechos en definitiva que de ser ciertos, que lo son, afectan de forma negativa al interés público que el testigo debe defender como responsable de la Administración perceptora de los servicios cuestionados".
El juzgador afirma que "no puede entenderse cómo los responsables del propio Cabildo, entre ellos el testigo, no procedieran a la inmediata apertura de un expediente para investigar los gravísimos hechos de forma interna tras su conocimiento, y se limite el testigo a comparecer sobre hechos que, además, se escapan cuanto menos a su percepción directa al no estar presente en los servicios[...], sin entrar a valorar, pues no resulta objeto de este procedimiento, los contradictorios comunicados del Cabildo y de sus intervenientes, Don Adrián del Pino y Don Carlos Gutiérrez".
Para el juez José Juan Ramos Campodarve, "el testimonio del testigo de la parte actora, por tanto, no merece ninguna credibilidad a este Juzgador, antes al contrario, resulta difícil de entender lo que se pretende con la comparecencia de la persona encargada de velar por los intereses del Cabildo, en los juicios de despedido de las personas despedidas por la empresa precisamente en defensa de los intereses del cliente, además de los propios".
Seguridad Integral abrirá la vía penal
A raíz de esta sentencia, Seguridad Integral Canaria ha puesto en marcha a sus servicios jurídicos para abrir la vía penal no sólo contra los vigilantes jurados y el coordinador de servicios, sino también contra los dos funcionarios del Cabildo que desde hace meses conocieron los hechos y no actuaron internamente. El objetivo de la empresa de Miguel Ángel Ramírez es que los vigilantes despedidos devuelvan el dinero facturado de más al Cabildo de Gran Canaria y que se depuren todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias.



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No las hagas no la temas

A todas estas, ¿qué hace Serramar, la empresa adjudicataria, de momento provisionalmente, del servicio de seguridad del Cabildo de Gran Canaria contratando a un delegado en Canarias con estos antecedentes profesionales?

Es fácil deducir que se trata de una decisión producto del pliego de condiciones técnicas del concurso, orientada a agradar al jefe del servicio que vigila el concurso y propone el nombre del adjudicatario. Serramar, no obstante, ha demostrado gozar de una puntería digna de mejor causa a la hora de elegir a sus delegados en las Islas, porque el primero, Rafael Gallego, tuvo que abandonar el puesto al resultar condenado por un delito de tráfico de drogas, por el que cumple condena de ocho años actualmente en la prisión Tenerife II.

Por cierto, que aún siendo una exigencia del pliego de condiciones y de la Ley de Seguridad Privada que las empresas con más de treinta vigilantes tengan sede propia en la región donde han de prestar sus servicios, la Mesa de Contratación se saltó esta prescripción de manera más que atlética.
Al menos en los tiempos del anterior delegado figuraba como sede social de la compañía el domicilio de aquel, en el Lomo de los Frailes.

El que era coordinador de servicios de Seguridad Integral Canaria se reunía con representantes del Cabildo y de Serramar durante el proceso de adjudicación del concurso del servicio de vigilancia de la institución. El concurso fue a parar a manos de Serramar, en contra de la opinión de los servicios
jurídicos del Cabildo, y el coordinador de servicios de SIC es ahora el representante de Serramar.

Un detallado informe del grupo de asuntos internos de Seguridad Integral Canaria fue presentado el pasado viernes a la corporación insular. En él se recogen pruebas indiciarias de un presunto amaño del concurso, que el Cabildo paralizó el miércoles el recurso administrativo presentado por SIC a la adjudicación a Serramar.

Tras detectarse irregularidades en la facturación de horas del servicio de vigilancia que SIC tenía en la sede del Cabildo, en la que el coordinador José Ángel García apuntaba servicios que no se realizaban a al menos tres vigilantes a cambio de comisiones de entre 1.000 y 1.500 euros mensuales, como quedó acreditado en una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Seguridad Integral colocó un GPS al vehículo de su propiedad que era utilizado por García.

El dispositivo de seguimiento ofreció resultados sorprendentes, siempre según el citado informe entregado al Cabildo el pasado viernes. Como por ejemplo que García utilizaba el vehículo que SIC había puesto a su disposición para mantener reuniones con un representante del Cabildo, Carlos Gutiérrez, y otro de la empresa Serramar, Rafael Gallego, hoy en prisión por tráfico de drogas.
Eran momentos en que se debatía en la corporación insular la adjudicación del Servicio de Vigilancia, que fue a parar finalmente a Serramar. El informe recoge cómo José Ángel García utilizaba el vehículo de SIC "a modo de coche oficial" de Gutiérrez, que además estaba de baja. García fue despedido y es ahora el representante de Serramar.

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Asimismo, pidió la convocatoria "urgente" de un nuevo concurso con "todas las garantías de transparencia y objetividad", así como el "esclarecimiento
total de los escandalosos acontecimientos que afectan" al citado concurso.La adjudicación del concurso de seguridad y vigilancia a las empresas Serramar y a Seguridad Integral Canaria está "totalmente viciada", según indicó Aproser Canarias en nota de prensa. "Como mínimo, la empresa Seguridad Integral Canaria ha tenido que colaborar en la presunta estafa al Cabildo de Gran Canaria, ya que era su responsabilidad presentar las facturas y elaborar las nóminas supuestamente infladas de sus vigilantes", apuntó la Asociación.Por ello, señaló que "es muy grave" que dicha empresa "que es la
adjudicataria y como tal responsable del buen funcionamiento del servicio se presente como víctima de la presunta estafa, cuestión que en aras de la transparencia de la gestión de los recursos públicos deberá esclarecer totalmente el Cabildo de Gran Canaria". Añadió que "de momento lo que ha acreditado es, como mínimo, un insuficiente control y supervisión" de los servicios que se prestaban a la Institución insular.Además, Aproser ha cuestionado la actuación de los técnicos del Cabildo por la "deficiente y confusa" redacción de los pliegos de contratación al entender que los criterios de evaluación "impiden una determinación de los méritos, así como el imposible cumplimiento del contrato, fijado por dos años, pero que tiene que concluir en diciembre de 2011".Por todo ello, la Asociación ya ha mostrado sus quejas por la "deficiente" redacción de los pliegos, así como por los "perjuicios" que crea al conjunto de empresas del sector de la seguridad privada la "demora en la tramitación del concurso, en prórroga desde 2007, y cuyas manifiestas irregularidades y complicaciones han desbordado incluso la capacidad del órgano de contratación".Agregó que estos hechos también podrían ser motivo de reflexión para que el Cabildo de Gran Canaria a fin de que "emprenda la organización" de un Departamento de Seguridad con un director a su cargo "según exige el artículo 96 del Reglamento de Seguridad Privada para aquellos centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un
servicio de seguridad integrado por 24 o más vigilantes de seguridad o guardas particulares del campo, y cuya duración prevista supere un año".

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