Vigilantes V.S.
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La ausencia de vigilancia privada en la urbanización de Cumbres de Calicanto podría dejar a los moradores a merced de la delincuencia organizada. Este es el temor de la mayoría de los vecinos de esta zona residencial con chalés y parcelas en tres términos: Torrent, Godelleta y Chiva.
En los próximos días, los dos vigilantes que patrullaban las calles y los accesos de la urbanización dejarán de hacerlo. El motivo no es otro que la suspensión de este servicio por parte de la Delegación del Gobierno tras la denuncia de unos vecinos que se niegan a pagar la vigilancia privada.
La polémica surgió en 2007 cuando cerca de 80 residentes -el 10 por ciento de los habitantes de la primera fase de la urbanización- se negaron a pagar la cuota mensual para sufragar servicios como la iluminación, el mantenimiento y la vigilancia privada. Los vecinos siguieron percibiendo los citados servicios, por lo que los responsables de la comunidad de propietarios interpusieron unas 60 reclamaciones en el juzgado.
La respuesta de los residentes morosos fue denunciar «como ilegal» la vigilancia privada en uno de los tres núcleos de la urbanización, concretamente en la zona de Cumbres de Calicanto. Las otras dos colonias, San Miguel y Santo Domingo, mantienen sus vigilantes al no existir ningún conflicto entre sus vecinos.
«Las patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local sólo vienen ocasionalmente. Si ahora nos quitan la vigilancia privada, esta zona se va a convertir en un plato muy jugoso para las bandas organizadas de delincuentes», vaticina Antonio S., uno de los responsables de la comunidad de propietarios. «Tengo dos hijos menores de edad, y compré mi casa en Cumbres de Calicanto porque tiene un servicio de seguridad privada desde la década de los 80», añade el residente.
A pesar de este servicio de vigilancia, la urbanización ha sido escenario de terribles sucesos en los últimos años, como un doble asesinato y un tiroteo, y también se ha convertido en refugio de traficantes de droga.
La comunidad de propietarios, que ha recurrido la resolución de la Delegación del Gobierno, aduce que un informe policial avala «la conveniencia del servicio de seguridad privada», y cuatro sentencias desvelan «los intereses ocultos de los vecinos que se oponen».
En los próximos días, los dos vigilantes que patrullaban las calles y los accesos de la urbanización dejarán de hacerlo. El motivo no es otro que la suspensión de este servicio por parte de la Delegación del Gobierno tras la denuncia de unos vecinos que se niegan a pagar la vigilancia privada.
La polémica surgió en 2007 cuando cerca de 80 residentes -el 10 por ciento de los habitantes de la primera fase de la urbanización- se negaron a pagar la cuota mensual para sufragar servicios como la iluminación, el mantenimiento y la vigilancia privada. Los vecinos siguieron percibiendo los citados servicios, por lo que los responsables de la comunidad de propietarios interpusieron unas 60 reclamaciones en el juzgado.
La respuesta de los residentes morosos fue denunciar «como ilegal» la vigilancia privada en uno de los tres núcleos de la urbanización, concretamente en la zona de Cumbres de Calicanto. Las otras dos colonias, San Miguel y Santo Domingo, mantienen sus vigilantes al no existir ningún conflicto entre sus vecinos.
«Las patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local sólo vienen ocasionalmente. Si ahora nos quitan la vigilancia privada, esta zona se va a convertir en un plato muy jugoso para las bandas organizadas de delincuentes», vaticina Antonio S., uno de los responsables de la comunidad de propietarios. «Tengo dos hijos menores de edad, y compré mi casa en Cumbres de Calicanto porque tiene un servicio de seguridad privada desde la década de los 80», añade el residente.
A pesar de este servicio de vigilancia, la urbanización ha sido escenario de terribles sucesos en los últimos años, como un doble asesinato y un tiroteo, y también se ha convertido en refugio de traficantes de droga.
La comunidad de propietarios, que ha recurrido la resolución de la Delegación del Gobierno, aduce que un informe policial avala «la conveniencia del servicio de seguridad privada», y cuatro sentencias desvelan «los intereses ocultos de los vecinos que se oponen».
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