Los concejales del PSOE y PP, que toman posesión de sus actas el sábado, sólo tendrán un escolta
El servicio de escoltas del que disponen los cargos electos de los partidos constitucionalistas en el País Vasco y Navarra, prestado habitualmente por empresas privadas de seguridad, se va a reducir de manera considerable.
9 Junio 11 - Madrid - J. M. Zuloaga
El alto el fuego que mantiene ETA y la urgente necesidad de recortar gastos son las razones que han llevado al Ministerio del Interior (y Gobierno vasco) a adoptar esta medida. No tiene carácter general, ya que existen casos en los que la actual protección se mantendrá.Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, la reducción consiste en que los concejales dispondrán, a partir de ahora, de un solo agente de protección y el coche tendrá que aportarlo cada ediI.
Hasta ahora, disponían de dos agentes y un automóvil «oficial», con el que realizaban todos los desplazamientos. Por lo que se refiere a los políticos que no han conseguido escaño en ayuntamientos y otras corporaciones –por la irrupción de las listas de Bildu– tendrán también un agente de protección, pero hasta septiembre, en que se les retirará toda la protección. En el País Vasco, resultaron electos 234 concejales del PSE-PSOE y 164, del PP. Y en Navarra, 322 de Unión del Pueblo Navarro, 239 del PSN y 46 del PP.
El Ministerio del Interior ha ordenado el establecimiento de un amplio servicio de contravigilancias para tratar de detectar posible presencia de terroristas o colaboradores de la banda, en el entorno de los concejales de los partidos constitucionalistas. Aunque el alto el fuego ha tenido su influencia, pese a que ETA no ha desaparecido ni parece que tenga intención de hacerlo (en especial tras los excelentes resultados de Bildu), son razones de tipo económico las que han obligado a adoptar estas medidas. Los expertos antiterroristas a los que ha consultado este periódico consideran que, en las actuales circunstancias, es suficiente la protección que se le va a dar a los concejales. Si el nivel de amenaza subiera por algún motivo, serían adoptadas las medidas pertinentes.
Elevado gasto
El gasto que generaba un servicio de protección tan amplio, con un elevado número de agentes y automóviles, resultaba muy difícil de mantener debido a los problemas económicos por los que atraviesa España, que han obligado, entre otras medidas, a rebajar los sueldos de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. LA RAZÓN no suele publicar datos sobre los entramados de seguridad desplegados contra ETA y su entorno. En este caso, se trata de algo evidente que se va a visualizar a partir de la constitución de los ayuntamientos y otras corporaciones en el País Vasco y Navarra. Además, las asociaciones de escoltas privados han aireado el asunto. El Partido Popular se ha manifestado también en contra
Reducción progresiva
En los últimos años se ha ido reduciendo el número de personas que tenían escolta con cargo a los Presupuestos del Estado. Se trata de un asunto que siempre genera polémica ante la evidencia de que ETA ha roto siempre las treguas que anunció, una vez logrados, o no, los objetivos que perseguía. Investigaciones posteriores permitieron acreditar que los terroristas aprovechaban el alto el fuego para vigilar a personas contra las que después atentaron o, al menos, lo intentaron. Las escoltas a concejales o a personas pertenecientes a colectivos que han sido objetivos tradicionales de la banda, se han mostrado como elementos eficaces y han tenido un efecto disuasorio.
De hecho, en las últimas operaciones antiterroristas han aparecido varios fusiles con mira telescópica con los que los terroristas pretendían atentar a distancia, ante la imposibilidad de acercarse, contra diversas personas, entre ellas el lendakari Patxi López. Esta misma semana, la portavoz de este Ejecutivo, Idoia Mendía, aseguraba que «todo el mundo va a tener garantizada su seguridad, lo que no quiere decir que todo el mundo tenga que tener escolta».
El servicio de escoltas del que disponen los cargos electos de los partidos constitucionalistas en el País Vasco y Navarra, prestado habitualmente por empresas privadas de seguridad, se va a reducir de manera considerable.
9 Junio 11 - Madrid - J. M. Zuloaga
El alto el fuego que mantiene ETA y la urgente necesidad de recortar gastos son las razones que han llevado al Ministerio del Interior (y Gobierno vasco) a adoptar esta medida. No tiene carácter general, ya que existen casos en los que la actual protección se mantendrá.Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, la reducción consiste en que los concejales dispondrán, a partir de ahora, de un solo agente de protección y el coche tendrá que aportarlo cada ediI.
Hasta ahora, disponían de dos agentes y un automóvil «oficial», con el que realizaban todos los desplazamientos. Por lo que se refiere a los políticos que no han conseguido escaño en ayuntamientos y otras corporaciones –por la irrupción de las listas de Bildu– tendrán también un agente de protección, pero hasta septiembre, en que se les retirará toda la protección. En el País Vasco, resultaron electos 234 concejales del PSE-PSOE y 164, del PP. Y en Navarra, 322 de Unión del Pueblo Navarro, 239 del PSN y 46 del PP.
El Ministerio del Interior ha ordenado el establecimiento de un amplio servicio de contravigilancias para tratar de detectar posible presencia de terroristas o colaboradores de la banda, en el entorno de los concejales de los partidos constitucionalistas. Aunque el alto el fuego ha tenido su influencia, pese a que ETA no ha desaparecido ni parece que tenga intención de hacerlo (en especial tras los excelentes resultados de Bildu), son razones de tipo económico las que han obligado a adoptar estas medidas. Los expertos antiterroristas a los que ha consultado este periódico consideran que, en las actuales circunstancias, es suficiente la protección que se le va a dar a los concejales. Si el nivel de amenaza subiera por algún motivo, serían adoptadas las medidas pertinentes.
Elevado gasto
El gasto que generaba un servicio de protección tan amplio, con un elevado número de agentes y automóviles, resultaba muy difícil de mantener debido a los problemas económicos por los que atraviesa España, que han obligado, entre otras medidas, a rebajar los sueldos de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. LA RAZÓN no suele publicar datos sobre los entramados de seguridad desplegados contra ETA y su entorno. En este caso, se trata de algo evidente que se va a visualizar a partir de la constitución de los ayuntamientos y otras corporaciones en el País Vasco y Navarra. Además, las asociaciones de escoltas privados han aireado el asunto. El Partido Popular se ha manifestado también en contra
Reducción progresiva
En los últimos años se ha ido reduciendo el número de personas que tenían escolta con cargo a los Presupuestos del Estado. Se trata de un asunto que siempre genera polémica ante la evidencia de que ETA ha roto siempre las treguas que anunció, una vez logrados, o no, los objetivos que perseguía. Investigaciones posteriores permitieron acreditar que los terroristas aprovechaban el alto el fuego para vigilar a personas contra las que después atentaron o, al menos, lo intentaron. Las escoltas a concejales o a personas pertenecientes a colectivos que han sido objetivos tradicionales de la banda, se han mostrado como elementos eficaces y han tenido un efecto disuasorio.
De hecho, en las últimas operaciones antiterroristas han aparecido varios fusiles con mira telescópica con los que los terroristas pretendían atentar a distancia, ante la imposibilidad de acercarse, contra diversas personas, entre ellas el lendakari Patxi López. Esta misma semana, la portavoz de este Ejecutivo, Idoia Mendía, aseguraba que «todo el mundo va a tener garantizada su seguridad, lo que no quiere decir que todo el mundo tenga que tener escolta».
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