José Santos: ´Con la crisis el intrusismo en la seguridad privada se ha agudizado´

Galicia tiene 80 empresas de seguridad privada cuya facturación supera los 150 millones de euros, lo que representa el 0,3% del PIB gallego. Con más de 5.000 vigilantes la comunidad es la sexta de España con más efectivos. Para reforzar los servicios en la autonomía, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) inauguró ayer en A Coruña su delegación gallega. El responsable de Aproser en Galicia, José Santos, destaca la incidencia de la crisis y el intrusismo en el sector

ALEXANDRA MOLEDO | A CORUÑA -¿Ha afectado la crisis al sector de la seguridad privada?

-Crecimos de forma importante durante 15 años pero en los dos últimos la demanda ha caído. La facturación de la seguridad privada se ha reducido un 8% en los servicios de vigilancia y en más del 10% en las actividades de transporte de fondos, pero la recesión nos ha llegado con seis meses de retraso, por lo que nos tocará salir más tarde.

-¿Cuáles han sido los desencadenantes de los recortes?

-El peso de la Administración pública en la prestación de servicios de seguridad unido a la crisis económica en la construcción, la industria y los ERE en las empresas privadas -los sectores en los que más se solicitan estos servicios-, influyen en los recortes en vigilancia. La reducción de oficinas bancarias también repercute en la reducción en el transporte de fondos. Y la proliferación de sistemas electrónicos es otra realidad que nos afecta y con la que tenemos que lidiar.

-¿Qué soluciones plantean para sobrevivir a la recesión?

-Ante la crisis hay que buscar nuevas oportunidades. El sector se rige por una normativa muy rígida que debería flexibilizarse para que el papel que juega el vigilante en la sociedad se adapte a las nuevas necesidades con la introducción en nuevos espacios, como es el caso de la externalización de los servicios en zonas comerciales o aeropuertos. Los recursos no son ilimitados y el Estado debería favorecer que la seguridad privada se complementase con las fuerzas públicas.

-¿Cómo se debe controlar el intrusismo en la profesión?

-El intrusismo es un problema endémico en este tipo de empresas, por lo que pedimos a las autoridades públicas que inspeccionen y sancionen a las que incumplan la normativa tributaria o realicen prácticas de competencia desleal. En la crisis actual este aspecto se agudiza porque los usuarios solo miran el precio sin comprobar si el servicio que compran es fiable. Además de este intrusismo administrativo, el hecho de que haya profesionales que no tengan la formación requerida es responsabilidad de las entidades que los contratan.

-¿Qué requisitos se exigen a los futuros profesionales?

-Los aspirantes a vigilantes deben asistir a un curso de formación de 180 horas en un centro homologado y aprobar un examen puesto por la Policía Nacional aparte de varias pruebas físicas. Antes de la recesión éste era un campo que generaba mucho empleo pero en estos momentos también sufre la crisis y la situación está bastante parada.

-¿Qué imagen tienen los gallegos de los vigilantes?

-Según un estudio sociológico de la entidad, el 72,6% de los gallegos se sienten más seguros en lugares donde hay vigilantes y estos están totalmente integrados en la sociedad, que los entiende como una figura necesaria tanto desde del punto de vista de la persuasión como de la ayuda. Los encuestados también revelan que les gustaría que aumentase la presencia de vigilantes en calles comerciales, centros educativos, parques, bancos y hospitales.

-¿Qué ventajas presenta la apertura de una delegación de Aproser en Galicia?

-La empresa funcionaba a nivel estatal y hace unos años empezó a asentarse en las autonomías para lograr más cercanía y eficacia atendiendo a las particularidades en las distintas áreas geográficas.

-¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos en la comunidad?

-El plan de acción de Aproser a corto plazo pasa por establecer un marco de relaciones laborales, colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado, reformar la normativa del sector para adaptarla a la nueva realidad social, mejorar la percepción del colectivo en la ciudadanía y marcar la diferencia entre las empresas de la asociación.

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