Un ex directivo de Vitalia y un ex sindicalista de UGT declaran por los ERE

Un ex directivo de Vitalia y un ex sindicalista de UGT declaran por los ERE

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 21 marzo, 2013 at 13:23
Antonio [url=http://maps.google.com/maps?ll=40.4083333333,-1.43944444444&spn=0.1,0.1&q=40.4083333333,-1.43944444444 (Albarrac%C3%ADn)&t=h]Albarracín[/url], y Juan Lanzas están acusados de haberse apropiado presuntamente de 3,7 y 6 millones de euros en comisiones.



La juez que investiga los ERE irregulares en Andalucía, Mercedes Alaya, toma declaración hoy a Antonio Albarracín, exdirectivo de la aseguradora Vitalia, a quien acusa de haberse apropiado presuntamente de 3,7 millones de euros en comisiones. Albarracín estaba citado anoche, pero la juez decidió trasladar su declaración a hoy, si bien la magistrada no ha llegado a los Juzgados de Sevilla hasta las 11.00 horas.
A esta hora estaba también citado como imputado el exsindicalista deUGT Juan Lanzas, imputado como “conseguidor”, quien ha llegado al Juzgado acompañado por su abogado, Pablo Luna. En esta nueva fase del caso de los ERE, centrada en el destino de las comisiones que cobraban las mediadoras, la juez imputa a Lanzas haber cobrado casi seis millones de euros. Según las investigaciones, Lanzas ideó un sistema para usar empresas pantalla con las que “introducir en el sistema financiero, dotando de apariencia de legalidad”, el dinero de las comisiones que aplicaba a las pólizas de seguros financiadas por la Junta. La juez Alaya continúa hoy la toma de declaraciones tras la operación en la que la Guardia Civil detuvo ayer a 22 personas por su presunta relación con la trama de los ERE irregulares.
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Los accionistas de Banesto aprueban la fusión con Santander

ESPAÑA 80.000 euros en billetes de 500 en casa del «conseguidor» para beneficiarse de los ERE

21 marzo, 2013
El imputado no logró justificar la procedencia del dinero



Los agentes de la Guardia Civil que ayer participaron en la operación Heracles intervinieron 80.000 euros en billetes de 500 euros en el domicilio de Juan Lanzas, el sindicalista que actuaba como «conseguidor» para beneficiarse de los ERE presuntamente fraudulentos de la Junta de Andalucía.
Los agentes entraron a primera hora de la mañana en la vivienda de Lanzas en la localidad jiennense de Albanchez de Sierra Mágina, de donde es natural el dirigente sindicalista. Lanzas fue preguntado por la procedencia del dinero, sin que pudiese justificar su origen, según fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes aseguraron que uno de los objetivos de algunos registros realizados ayer era la localización de dinero, y que incluso se utilizaron perros adiestrados para identificar el olor del mismo en estas operaciones.
Lanzas, quien llegó a ser secretario de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía, es un personaje clave en la intermediación con la Junta de Andalucía. No sólo está vinculado con el caso ERE, sino también con el caso Mercasevilla. Su nombre apareció en la investigación, ya que, según los empresarios denunciantes del soborno practicado por los altos cargos socialistas de esta empresa pública sevillana, asistió a algunas de las reuniones, tuvo un papel activo en la negociación del ERE en el mercado de mayoristas sevillano y cobró sus honorarios a través de la empresa de su cuñado.

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¿Dónde fue a parar el dinero de los ERE?


Del fondo de 647 millones, además de prejubilados, se beneficiaron empresas, bufetes, aseguradoras y sindicatos



Javier Martín-Arroyo Sevilla7 ENE 2012 - 00:09 CET7

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Protesta de trabajadores prejubilados de Mercasevilla ante la Consejería de Empleo por el bloqueo del fondo de los ERE. / ALEJANDRO RUESGA




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La tarta de los ERE fraudulentos de Andalucía tuvo muchos comensales. La gran porción fue para los miles de trabajadores prejubilados, pero cada vez que se tramitaba un ERE pagado con el fondo público para empresas en crisis dotado con 647 millones, pequeñas porciones en forma de jugosos dividendos recalaban en bocas ajenas. Los golosos fueron las aseguradoras, consultoras, bufetes, sindicatos, intermediarios y empresas, cuyo empacho a costa de las arcas públicas fue colosal. Solo el hecho de que cobraron sus comisiones a lo largo de 10 años mitigó la indigestión y sobre todo hizo que no saltaran las alarmas del escándalo.
La juez del caso, Mercedes Alaya, ya ordenó a la Guardia Civil que detallara las comisiones y su posible ilegalidad entre las montañas ingentes de documentación que maneja. “Que investigue el conocimiento de las ilícitas prestaciones otorgadas por la Junta”, subrayó la magistrada sobre el supuesto enriquecimiento a costa de las arcas públicas.
Porque a los 647 millones presupuestados hay que sumarle el dinero gastado gracias al crédito de las aseguradoras, cantidad que ahora la Junta de Andalucía debe afrontar y que algunas fuentes elevan a 300 millones. Todo un quebradero de cabeza para la Consejería de Empleo. ¿Qué parte del dinero del fondo se destinó a estas elevadas comisiones y a subvencionar a empresas sin actividad económica u otras que presentaban beneficios?
De un total de 584 expedientes con ayudas públicas, 121 correspondieron a subvenciones directas a empresas, Ayuntamientos, fundaciones y asociaciones, que recibieron 65 millones según la agencia IDEA (pagadora de las ayudas).

Las comisiones del fondo de los ERE las cobraron a lo largo de 10 años
Sin embargo, los fondos para los ERE subvencionados beneficiaron a empresas que estaban lejos de sufrir crisis alguna y necesitar un capote. ¿Cómo lograron fondos públicos para reestructurar su plantilla? Pues porque el criterio que primaba no era solo el estrictamente económico, y además de la arbitrariedad en la decisión para subvencionar un proyecto u otro, primaban decisiones políticas de apoyar a grandes y pujantes compañías con una clara intervención en el mercado, una política que ya en su día sancionó la Unión Europea.
En el otro extremo, hubo compañías beneficiadas que eran insolventes —lo que infringía la Ley de Contratos de Administraciones Públicas— o mantenían poca o nula actividad económica y cuyos fondos nunca generaron el impulso económico objeto de la ayuda. Lo cierto es que muchas de esas empresas que recibieron subvenciones directas hoy están cerradas.
Al margen de las ayudas directas, la gestión de los ERE, que supuso el grueso del dinero (cerca de 580 millones) generó unas plusvalías a ciertas compañías que vieron en las prejubilaciones el negocio redondo.
Entre las empresas destaca la consultora Vitalia, que gestionó las prejubilaciones de 60 de los 72 intrusos identificados por la Junta en su investigación interna. Vitalia perteneció —actualmente está en proceso de disolución— a un entramado de compañías de seguros que abarca Personal Life, Norton Life, Fortia (disuelta por la Generalitat), Apra Leven y Eurobank. Por esta última la Audiencia Nacional tramita desde 2003 un sumario por estafa de la directiva a los accionistas con 18 imputados, entre los que destacan Eduardo Pascual y María Vaqué.

Las subvenciones beneficiaron a empresas que no estaban en crisis
¿Por qué con este complicado historial la Junta acepta que Vitalia ejerza de consultora e introduzca su propia aseguradora? Porque ofrece a Empleo pagar las pólizas a plazos, una ventaja que no ofrecían otras aseguradoras.
Sin embargo, esto supuso una decisión perversa y una huida hacia adelante, ya que el coste de las pólizas se recalculaba con los años y los intereses crecían como la espuma. De ahí que la deuda de la Junta con las aseguradoras sea hoy descomunal.
“Hay una póliza de 2003 que aún no está liquidada. Y al final valdrá más que ninguna”, ejemplifica un abogado que gestionó ERE para Empleo. A Vitalia le sucedió en los ERE voluminosos (Faja Pirítica o Delphi) Uniter, una consultora con mejor fama pero también con altos porcentajes. Las voces que vieron irregular la falta de publicidad al otorgar esas comisiones a través de fondos públicos fueron varias. Incluso desde dentro de la propia consejería. Pero el sistema no se alteró con los años. “De 2003 a 2009 insistimos a la Junta para que se hicieran las ofertas a sobre lacrado. Y la respuesta fue en la próxima, en la próxima y en la próxima. Total, nunca se cambió”, rememora Roberto Carmona, exsecretario general de la federación metalúrgica de Comisiones Obreras.


Los otros comensales de la tarta

Al margen de las consultoras que percibieron ingentes comisiones por gestionar las pólizas de los trabajadores, en el pastel de los ERE participaron bufetes de abogados (encabezados por Garrigues y Estudio Jurídico Villasís). Los letrados facturaron abultadas minutas por las gestiones realizadas para las empresas y las asociaciones de trabajadores, pero que a menudo pagaba la Junta. Si Garrigues dio en la diana con el ERE de Santana, Estudio Jurídico Villasís acertó de pleno con el ERE de la Faja Pirítica. De momento, nadie pone el cascabel al gato y fija la cantidad que estos agentes externos recibieron de la Junta durante una década. Pero no cabe duda de que supera con creces los 10 millones ilegales percibidos por los llamados intrusos.
Junto a los abogados, cuyas facturas también abonaron a veces las consultoras, estas pagaron porcentajes de hasta el 5% a los intermediarios por lograr acuerdos entre la empresa y los sindicatos. Estos últimos también percibieron una pertinente comisión del 1%, al menos en grandes expedientes como Delphi. Era un sistema vicioso porque todos los implicados ganaban dividendos a costa de la Administración. Incluso las empresas solventes, que despedían trabajadores y no asumían los costes de dichos despidos, y a cambio contrataban mano de obra joven y barata.
En manos de la juez está ahora determinar el destino de hasta el último céntimo que no se destinó a las pólizas de los prejubilados. A través de la documentación que debe analizar la Guardia Civil y los interrogatorios a los protagonistas del festín monetario.
Entre los interrogatorios pendientes destaca el de Antonio Albarracín, exdirector comercial de Vitalia, que manejó cifras astronómicas durante 10 años. “Su ventaja era que aplazaba pagos y daba vidilla. Siempre quería vendernos que era muy cercano al PSOE”, relata un sindicalista que pide el anonimato.
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Alaya dice que los sindicatos cobraban sólo por aportar 'información privilegiada'


La juez que investiga los ERE, Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla. | Efe

• Insiste en que existía un sistema 'perfectamente establecido'
  
• 'La concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio'
  

Efe | Sevilla

Actualizado domingo 24/03/2013 19:30 horas

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La juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, cree que "las piezas del puzzle comienzan a encajar" en cuanto al "enorme perjuicio" que las sobrecomisiones causaron a la Hacienda andaluza, el "negocio" en que se convirtieron las ayudas y el "presunto empecinamiento de la Junta" en tener fondos sin control.
En el auto que ordenó prisión sin fianza para los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, la juez Mercedes Alaya insiste en su acusación contra los sindicatos CCOO y UGT, que cobraron comisiones "aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno" pues su verdadera aportación era "la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza".
Los sindicatos justificaban el cobro de un porcentaje de cada póliza "de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora pues luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto", dice Alaya en el auto.
En cuanto a la Junta, Alaya afirma que las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras han demostrado que "estaríamos ante un sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas".
La juez recoge que, hasta ahora, el principal debate de su investigación ha sido la presunta ilegalidad del mecanismo de transferencia de financiación usado para conceder las ayudas, figura que evitaba cumplir los requisitos para otorgar subvenciones según la Ley de Hacienda Pública y el Reglamento de Subvenciones y que obviaba el control de la Intervención General de la Junta.
Pero ahora, las últimas investigaciones de la Guardia Civil "han puesto de manifiesto un elemento nuevo que dota a la trama investigada de una visión mucho más amplia, como si las piezas del puzzle comenzaran a encajar", dice la juez en su auto.
Este elemento es el sobrecoste que cada ERE ha supuesto, durante más de una década, para las arcas andaluzas y que ahora "ofrece un mayor sentido al presunto empecinamiento de la Junta de Andalucía en disponer de esos fondos públicos al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones".
Alaya implica como presunto conocedor de las irregularidades al consejero de Empleo -que entre 2004 y 2010 fue Antonio Fernández, ya imputado- pues las sobrecomisiones "se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia y el director general de Trabajo", el encarcelado Francisco Javier Guerrero, pero "con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos", en este caso el consejero y los encarcelados Pascual y Vaqué.
También hace mención al "conseguidor Juan Lanzas, persona muy próxima a los sindicatos, comités de empresa y a la Administración", a quien los responsables de Vitalia María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín, por proporcionarles negocio, "le hacían llegar su parte de dinero a través de facturas falsas" y solo entre 2003 y 2007 le hicieron transferencias de 1.964.763 euros.
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