La ONU frena su misión en Darfur tras ser acusado de genocidio el presidente sudanés
El fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) acusó ayer al presidente sudanés de «idear y ejecutar» una campaña de genocidio en la región de Darfur y de ser responsable de causar 35.000 muertos y 2,5 millones de desplazados, según las alegaciones presentadas ayer. La decisión, adelantada durante el fin de semana, ha agravado las tensas relaciones de la comunidad internacional con el Gobierno de Sudán. El miedo a una ola de protestas violentas llevó ayer a las Naciones Unidas a suspender su misión de paz en el país africano.
El Consejo de Seguridad solicitó hace tres años al fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno-Ocampo, investigar los crímenes cometidos en Darfur desde el estallido en 2003 de una revuelta de tribus contrarias al Gobierno islamista de Jartún.
«Las pruebas indican que Omar al Bashir ideó y ejecutó un plan para destruir en una parte sustancial a los grupos Fur, Masalit y Zaghawa por razón de su pertenencia étnica», indica el informe, en el que la fiscalía solicita al tribunal que dicte una orden de procesamiento contra al Bashir por tres delitos de genocidio, cinco crímenes contra la humanidad y dos crímenes de guerra. «Su coartada era la «lucha contra la insurgencia». Su intención era el genocidio», afirmó ayer Moreno-Ocampo durante una rueda de prensa en La Haya, según Reuters.
Tropas españolas en Chad
Ahora, una sala compuesta por tres magistrados deberá decidir si dicta orden de arresto contra el mandatario sudanés, una medida que tardará todavía varios meses. Bashir se convertiría en el primer jefe de Estado en ejercicio en ser procesado por la justicia penal internacional desde la creación de la CPI en 2002. Antes, los tribunales especiales de la ONU para la ex Yugoslavia y para Sierra Leona -a los que sustituyó la CPI tras la aprobación en 1998 del Estatuto de Roma para dotarlos de continuidad- juzgaron al ex presidente de Serbia, Slobodan Milosevic (fallecido en 2006), y al de Liberia, Charles Taylor, que espera sentencia desde una celda en La Haya.
El anuncio generó desde el domingo manifestaciones de protesta en la capital sudanesa ante el posible arresto de Bashir. Y la posibilidad de que éstas deriven en actos de violencia llevó ayer a la ONU a anunciar, según Efe, la «suspensión indefinida» de la misión militar conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (Unamid), que tiene 9.600 «cascos azules» desplegados. La Embajada de Estados Unidos, por su parte, reforzó ayer la seguridad en Jartún y en las instalaciones de este país en Juba, capital del sur del país. La inestabilidad podría afectar a la misión que la Unión Europea lidera en Chad (Eufor-Chad RCA), país al que han escapado miles de refugiados darfureños, y a la que España aporta dos aviones C-295 y cien efectivos del Ala 35 del Ejército del Aire, según datos del Ministerio de Defensa.
La CPI -que el año pasado dictó órdenes de arresto contra un ministro sudanés y un comandante de las milicias gubernamentales «yanyauid»- carece de medios policiales propios y depende de la voluntad de los Estados para que ejecuten sus órdenes. Por eso, es difícil que el propio Bashir dicte la orden de detenerse a sí mismo.
Apoyo de China
Éste reiteró ayer la falta de jurisdicción de la Corte, mientras que su embajador ante la ONU anunció la participación del presunto genocida -a los ojos del fiscal Ocampo- en la próxima Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar en septiembre en Nueva York, y donde Sudán buscará el apoyo de China, su tradicional aliado.Un escenario que constituirá, de confirmarse, la prueba de fuego para la justicia internacional y un engorro para EE.UU. y, sobre todo, para cualquiera de los 106 Estados miembros de la CPI, que tienen la obligación de detener a Bashir si pisa su territorio. «Es un nuevo territorio diplomático», escribió ayer Paul Reynolds, analista internacional de la BBC
El fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) acusó ayer al presidente sudanés de «idear y ejecutar» una campaña de genocidio en la región de Darfur y de ser responsable de causar 35.000 muertos y 2,5 millones de desplazados, según las alegaciones presentadas ayer. La decisión, adelantada durante el fin de semana, ha agravado las tensas relaciones de la comunidad internacional con el Gobierno de Sudán. El miedo a una ola de protestas violentas llevó ayer a las Naciones Unidas a suspender su misión de paz en el país africano.
El Consejo de Seguridad solicitó hace tres años al fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno-Ocampo, investigar los crímenes cometidos en Darfur desde el estallido en 2003 de una revuelta de tribus contrarias al Gobierno islamista de Jartún.
«Las pruebas indican que Omar al Bashir ideó y ejecutó un plan para destruir en una parte sustancial a los grupos Fur, Masalit y Zaghawa por razón de su pertenencia étnica», indica el informe, en el que la fiscalía solicita al tribunal que dicte una orden de procesamiento contra al Bashir por tres delitos de genocidio, cinco crímenes contra la humanidad y dos crímenes de guerra. «Su coartada era la «lucha contra la insurgencia». Su intención era el genocidio», afirmó ayer Moreno-Ocampo durante una rueda de prensa en La Haya, según Reuters.
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Apoyo de China
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