Más valor añadido. Los promotores ofrecen el servicio gratis un año para atraer clientes | La mayor parte de los dispositivos colocados cuestan entre 300 y 600 euros, más 24 de cuota mensual de conexión
La instalación de alarmas, algo que hasta hace no mucho solo demandaban las empresas y comercios de Burgos y provincia, se ha extendido a las viviendas unifamiliares y últimamente a los bloques de pisos.
Fábricas y almacenes son las que más sistemas de vigilancia solicitan. Las oleadas de robos que han sufrido los polígonos de la ciudad -tanto el de Villalonquéjar como el de Gamonal- han obligado a los empresarios -incluso de pequeños talleres o almacenes- a apostar por sistemas algo más avanzados que el simple candado en la puerta.
La llegada de bandas del este, muy preparadas y con muchos medios para robar, originó en los años 2005 y 2006 un estado de preocupación palpable entre los empresarios. Hasta el punto de que polígonos como Villalonquéjar y Gamonal están trabajando en la puesta en marcha de un dispositivo global de seguridad, con coches patrullas, cámaras, etc.
Pero no son los únicos. La presencia en España de bandas de delincuencia organizada y la repercusión mediática que han tenido sus fechorías -secuestros exprés para obtener dinero, forzar puertas de viviendas para robar cuando sus inquilinos se encuentran dentro, etc- han creado también un estado de alarma entre la ciudadanía.
Desde hace años, las empresas instaladoras de sistemas de alarma han encontrado un buen nicho de mercado en las viviendas unifamiliares. Cada año, según estima Miguel Ángel Delgado, gerente de Niscayah (antiguo Securitas), la colocación de estos dispositivos de chalés crece entre el 20% y el 25%, sobre todo en obra nueva. Con la ralentización del sector, es probable que también disminuya este negocio.
Donde el sector de las alarmas todavía no había irrumpido es en los bloques de viviendas.
En los dos últimos años el crecimiento en este ámbito ha alcanzado un 500%, si bien, según reconoce Delgado, el volumen todavía es escaso. La mayoría las están instalando los propios promotores, «que ofrecen así un atractivo más a sus clientes». Estos sistemas son muy sencillos, están conectados a la Policía Nacional o la Guardia Civil y al constructor no le cuestan más de 500 euros por vivienda. Normalmente, explica Delgado, regalan la conexión y el mantenimiento durante un año y tras este plazo el inquilino decide si sigue con el servicio o lo abandona.
En su opinión se trata de dispositivos eficaces, sobre todo para disuadir a los ladrones. «Solo con observar la presencia de estos aparatos hacen que se decanten por otras viviendas menos protegidas, y ahí reside su valor», indica.
En Ensitec, otra empresa del sector, coinciden con los número que ofrece Delgado.
En los últimos años la colocación de dispositivos de seguridad de chales crece a un 20% ó un 30% anual. Esta compañía coloca sistemas conectados vía radio a la Policía y a la Guardia Civil. La instalación «cuesta entre 300 y 600 euros y la cuota mensual para su mantenimiento oscila entre los 24 y 27 euros, unos precios muy contenidos», afirman desde la empresa.
Falsa alarma
Para asegurarse de que el sistema de seguridad adquirido está conectado a una central de alarmas, debe comprobarse que la tienda o empresa donde se ha realizado la compra está inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección General de la Policía.
De esta manera, la empresa vendedora, a través de un contrato de mantenimiento anual, se compromete a enviar un equipo de intervención al domicilio en caso de intrusión. En total, tienen que hacerse tres copias del contrato: una se la queda la empresa, otra la policía y la última es para el cliente, según recomiendan las asociaciones de consumidores.
Una vez que la alarma está instalada, el centro de vigilancia se pone en contacto con el encargado o dueño de la casa para comunicarle su clave y contraseña. En caso de que salte la alarma y nadie marque la contraseña, el centro llama por teléfono a la casa y pide una clave, que solo conocen ambos.
En caso de que el propietario se haya equivocado al marcar la contraseña, basta con decirle la clave por teléfono.
Sin embargo, si la clave no es correcta, los agentes policiales se presentarán de inmediato. Si el motivo por el que salta la alarma es un descuido o error del propietario de la casa y el error se ha producido dos veces consecutivas, la tercera vez deberá pagar una multa, recogida en la ley, cuyo importe oscila entre los 3.000 euros y los 30.000 euros.
Aunque la instalación de una alarma en un hogar no lo convierte en inexpugnable, sí garantiza al menos que poco después de que se haya producido el robo la policía acuda en su ayuda, salvo que se trate de una alarma que tan sólo emite ruido y no está conectada a ninguna central. Este es el ámbito donde se han logrado los mayores avances.
Una vez que se activa la alarma, la empresa es informada a través de una central receptora; mediante un monitor se hace eco de que la alarma ha saltado y llama de inmediato a la policía. Si el robo ha tenido lugar en una empresa, la firma encargada de la instalación y venta de la alarma llamará al dueño o encargado.
La instalación de alarmas, algo que hasta hace no mucho solo demandaban las empresas y comercios de Burgos y provincia, se ha extendido a las viviendas unifamiliares y últimamente a los bloques de pisos.
Fábricas y almacenes son las que más sistemas de vigilancia solicitan. Las oleadas de robos que han sufrido los polígonos de la ciudad -tanto el de Villalonquéjar como el de Gamonal- han obligado a los empresarios -incluso de pequeños talleres o almacenes- a apostar por sistemas algo más avanzados que el simple candado en la puerta.
La llegada de bandas del este, muy preparadas y con muchos medios para robar, originó en los años 2005 y 2006 un estado de preocupación palpable entre los empresarios. Hasta el punto de que polígonos como Villalonquéjar y Gamonal están trabajando en la puesta en marcha de un dispositivo global de seguridad, con coches patrullas, cámaras, etc.
Pero no son los únicos. La presencia en España de bandas de delincuencia organizada y la repercusión mediática que han tenido sus fechorías -secuestros exprés para obtener dinero, forzar puertas de viviendas para robar cuando sus inquilinos se encuentran dentro, etc- han creado también un estado de alarma entre la ciudadanía.
Desde hace años, las empresas instaladoras de sistemas de alarma han encontrado un buen nicho de mercado en las viviendas unifamiliares. Cada año, según estima Miguel Ángel Delgado, gerente de Niscayah (antiguo Securitas), la colocación de estos dispositivos de chalés crece entre el 20% y el 25%, sobre todo en obra nueva. Con la ralentización del sector, es probable que también disminuya este negocio.
Donde el sector de las alarmas todavía no había irrumpido es en los bloques de viviendas.
En los dos últimos años el crecimiento en este ámbito ha alcanzado un 500%, si bien, según reconoce Delgado, el volumen todavía es escaso. La mayoría las están instalando los propios promotores, «que ofrecen así un atractivo más a sus clientes». Estos sistemas son muy sencillos, están conectados a la Policía Nacional o la Guardia Civil y al constructor no le cuestan más de 500 euros por vivienda. Normalmente, explica Delgado, regalan la conexión y el mantenimiento durante un año y tras este plazo el inquilino decide si sigue con el servicio o lo abandona.
En su opinión se trata de dispositivos eficaces, sobre todo para disuadir a los ladrones. «Solo con observar la presencia de estos aparatos hacen que se decanten por otras viviendas menos protegidas, y ahí reside su valor», indica.
En Ensitec, otra empresa del sector, coinciden con los número que ofrece Delgado.
En los últimos años la colocación de dispositivos de seguridad de chales crece a un 20% ó un 30% anual. Esta compañía coloca sistemas conectados vía radio a la Policía y a la Guardia Civil. La instalación «cuesta entre 300 y 600 euros y la cuota mensual para su mantenimiento oscila entre los 24 y 27 euros, unos precios muy contenidos», afirman desde la empresa.
Falsa alarma
Para asegurarse de que el sistema de seguridad adquirido está conectado a una central de alarmas, debe comprobarse que la tienda o empresa donde se ha realizado la compra está inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección General de la Policía.
De esta manera, la empresa vendedora, a través de un contrato de mantenimiento anual, se compromete a enviar un equipo de intervención al domicilio en caso de intrusión. En total, tienen que hacerse tres copias del contrato: una se la queda la empresa, otra la policía y la última es para el cliente, según recomiendan las asociaciones de consumidores.
Una vez que la alarma está instalada, el centro de vigilancia se pone en contacto con el encargado o dueño de la casa para comunicarle su clave y contraseña. En caso de que salte la alarma y nadie marque la contraseña, el centro llama por teléfono a la casa y pide una clave, que solo conocen ambos.
En caso de que el propietario se haya equivocado al marcar la contraseña, basta con decirle la clave por teléfono.
Sin embargo, si la clave no es correcta, los agentes policiales se presentarán de inmediato. Si el motivo por el que salta la alarma es un descuido o error del propietario de la casa y el error se ha producido dos veces consecutivas, la tercera vez deberá pagar una multa, recogida en la ley, cuyo importe oscila entre los 3.000 euros y los 30.000 euros.
Aunque la instalación de una alarma en un hogar no lo convierte en inexpugnable, sí garantiza al menos que poco después de que se haya producido el robo la policía acuda en su ayuda, salvo que se trate de una alarma que tan sólo emite ruido y no está conectada a ninguna central. Este es el ámbito donde se han logrado los mayores avances.
Una vez que se activa la alarma, la empresa es informada a través de una central receptora; mediante un monitor se hace eco de que la alarma ha saltado y llama de inmediato a la policía. Si el robo ha tenido lugar en una empresa, la firma encargada de la instalación y venta de la alarma llamará al dueño o encargado.
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