Conde-Pumpido admite que la confianza de los ciudadanos en la Justicia 'está dañada'

Conde-Pumpido admite que la confianza de los ciudadanos en la Justicia 'está dañada'

• Se felicita porque el Estado de Derecho haya 'extirpado dos tumores' como ANV y PCTV
  

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aprovechó su intervención en el Acto de Apertura del Año Judicial celebrado este lunes para alertar a todos los sectores de la Justicia sobre la pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema, y manifestar que es consciente de que la credibilidad de la Justicia "está dañada".


"Nuestra obligación, ahora, es abrir una etapa nueva en el recorrido de nuestra Justicia; basta con asomarse ahí fuera, en esta Sala no han podido entrar hoy los verdaderos protagonistas de este acto, que son los que nos miran cada día confiando en que sepamos aportar una solución útil a sus problemas", aseguró Conde-Pumpido. "Que esa confianza siga viva, y conste que está dañada, depende sobre todo de los que sí estamos aquí", aseveró.

Con este llamamiento, el fiscal general se refería a los presentes en el acto celebrado en el Tribunal Supremo y que iban desde jueces, fiscales, secretarios, abogados, procuradores y funcionarios de la Administración de Justicia hasta y responsables políticos.
Durante su intervención, Conde-Pumpido hizo especial énfasis también en "el primer objetivo de erradicar todas las manifestaciones de violencia física y moral que tengan que ver con el terrorismo". Recordó las distintas acciones de la banda tras el fin de la tregua y especialmente a los dos guardias civiles asesinados en Capbreton.
"Los terroristas acaban en la cárcel"


"Quienes creen que la violencia es una solución no dejarán de aplicarla a su problema más grave: el cerco cada vez más estrecho con que les amenaza la Ley", aseveró el fiscal general, quien advirtió a los terroristas de que "seguirán consiguiendo lo mismo que han conseguido hasta ahora: la cárcel". "Esa es la norma de experiencia más segura de nuestro Estado de Derecho: los terroristas acaban en la cárcel", remató.

Sobre la reciente ilegalización de ANV y PCTV, Conde-Pumpido se felicitó porque se trata de otra de las "bases" del entorno terrorista que "quiebra bajo el peso de la Ley". "La Sala Especial del Tribunal Supremo ha estimado íntegramente las demandas de este Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, con las que pretendíamos, y hemos logrado, la ilegalización del PCTV y ANV", se congratuló.
Conde-Pumpido reivindicó el trabajo de la Fiscalía cuando en las elecciones de mayo de 2007 "se consiguió (...) dejar fuera las candidaturas que presentaban indicios jurídicamente suficientes de su sumisión a ETA". De entre los juicios por terrorismo celebrados, destacó, "por su trascendencia, el denominado caso EKIN, que tras 17 meses de sesiones, culminó con la sentencia condenatoria de uno de los entramados más determinantes en las tareas de apoyo y cobertura a ETA".

También se refirió al fallo del Tribunal Supremo sobre el 11-M, lo que le sirvió para destacar como "un Tribunal independiente e imparcial, enjuició, en un marco de escrupuloso respeto de los derechos humanos, a los viles artífices de la inhumana atrocidad de Atocha", lo que significa "el paisaje de un rotundo triunfo del Estado de Derecho" que permitió "cuatro años y seis meses después de aquella fecha aciaga, reconocernos colectivamente con orgullo".
Blanqueo de capitales, delitos urbanísticos


En cuanto a los datos de criminalidad, anunció que, en 2007, se computó "un aumento de aproximadamente el 2,8% en el número de procedimientos judiciales incoados por delito. En términos absolutos supone un total de 4.521.481 causas, de las cuales 2.240 se iniciaron en la Audiencia Nacional, y el resto en los órganos territoriales. "Hemos sobrepasado, por tanto, la barrera de los cuatro millones y medio, aunque esa cifra frena claramente la tendencia al ascenso de los dos ejercicios previos, que registraron subidas del 3,54% en 2005, y el 4,12% en 2006", dijo.

Atendiendo al volumen de diligencias previas, los delitos comunes contra el patrimonio y el orden socioeconómico siguen acaparando la mitad, exactamente el 50,42%, y, frente al retroceso del año anterior, se observa un crecimiento del registro de asuntos incoados por delitos dolosos contra la vida, un 5'4%, según los datos ofrecidos por el fiscal general.
Por último, y "dejando fuera las cifras de la Audiencia Nacional, en los órganos judiciales territoriales se incoaron en 2007 un 12,5% más de diligencias por blanqueo de capitales que el año anterior", y "un 32% más de causas por delitos contra la propiedad intelectual".
Igualmente, crecen, en un 26,12%, los procedimientos abiertos por delitos urbanísticos, según los datos analizados por el Fiscal de Sala de Medio Ambiente. Ello supone un incremento diez veces superior a la media. "No es que se incrementen los delitos cometidos, sino la intensidad de su investigación, en aquellas materias que hemos considerado prioritarias", explicó.
Propuestas de reforma


El balance presentado por Conde-Pumpido resume las conclusiones contenidas en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada al Rey Juan Carlos con motivo de la apertura del Año Judicial. El documento contiene, junto con el análisis del curso finalizado una serie de recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, y que afectan a diversas cuestiones.
Entre ellas, la reforma de la legislación penal: "Tras la entrada en vigor de la Constitución democrática de 1978", señala el texto, todas las Jurisdicciones, sin excepción, incluida la militar, han sido objeto de una nueva regulación procesal, inspirada y adaptada en los principios que emanan del texto constitucional. Todas, menos la Jurisdicción Penal".

El fiscal general afirma que la falta de una Ley de Enjuiciamiento Criminal "de la democracia" da lugar "a una de las mayores paradojas de nuestro sistema jurídico": que es en el ámbito de la Justicia Penal, donde los derechos fundamentales corren mayor riesgo de verse afectados, "donde la normativa de este Estado social y democrático de Derecho permanece anclada a sus raíces preconstitucionales".
Conde-Pumpido lamenta que "una y otra vez" las normas penales sean sometidas "a reformas ocasionales, parciales y en no pocas ocasiones subsidiarias de acontecimientos que alarman a la opinión pública".