Garzón ordena abrir 19 fosas de la Guerra Civil, incluida la del poeta García-Lorca

Garzón ordena abrir 19 fosas de la Guerra Civil, incluida la del poeta García-Lorca

• El juez afirma que el delito de desapariciones permanece en el tiempo y sigue existiendo
  
• La Fiscalía recurrirá porque estima que la competencia no corresponde a la Audiencia
  

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado competente para continuar con las investigaciones sobre los desparecidos en la Guerra Civil.


En un auto de 68 páginas, hecho público hoy, asegura que observa delitos "de detención ilegal permanente sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad".

El juez ha autorizado la exhumación de 19 fosas comunes, entre ellas la del poeta Federico García Lorca a petición de los familiares de las otras dos víctimas fusiladas con el escritor, un banderillero y un maestro de escuela.
Crea un grupo de siete expertos, cinco de ellos que propondrán las partes y dos el Juzgado y otro de Policía Judicial con el fin de desarrollar las labores de búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos. Estos tendrán que analizar el número y lugar e identificación de las víctimas y presentar un informe con el número total de fallecidos.

Garzón argumenta su decisión en que está ante casos similares como el del 'Nany' o Publio Cordón, ambos casos de desaparecidos.
Por su parte, la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la decisión del juez porque, según fuentes del órgano, el fiscal considera que los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura han prescrito al amparo de la Ley de Amnistía de 1977.

Al tratarse de una instrucción por la vía penal, el juez busca a los responsables de la autoría de los crímenes para lo que ha solicitado los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 altos cargos del Régimen, como el General o Serrano Suñer.
El juez afirma que el delito de desapariciones permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy si no se ha dado razón del paradero. Es competencia de la Audiencia Nacional dado que el juez considera que todo comenzó con el alzamiento nacional -que encajaría en el delito contra altos organismos de la nación- delito que no ha prescrito porque está conexo con el de las desapariciones forzosas, que arrastra al otro.

Las denuncias fueron presentadas desde julio de 2007 por 22 asociaciones de memoria histórica y diez particulares que solicitan una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional.
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
La Fiscalía, por su parte, solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella, al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.

De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional ya que, a su entender, los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.