Cámaras y alarmas para intentar frenar la escalada

La mayoría de los centros de salud y los hospitales de la capital y del distrito sanitario de la Costa del Sol cuentan ya con sistemas de vigilancia y seguridad
Las cámaras de videovigilancia y las alarmas se han extendido desde los bancos hasta los hospitales. La espiral de violencia contra el personal sanitario que se ha desatado en los últimos años tanto en los centros hospitalarios como en los de atención primaria de la provincia ha obligado a tomar medidas al Servicio Andaluz de Salud para intentar frenar las agresiones.
Los distintos distritos sanitarios están implantando sus propias medidas de seguridad, que incluyen la instalación de videocámaras y de botones de alarma, llamados también antipánico. En la capital, el primer centro de salud en reforzar su seguridad fue el de La Palma-Palmilla, al que se han sumado después los de Puerto de la Torre, Miraflores, Carlinda y Ciudad Jardín, además del consultorio de La Virreina. La intención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es extenderlo paulatinamente al resto de ambulatorios de la ciudad atendiendo a criterios como la frecuencia de casos de agresiones o la vulnerabilidad del propio edificio ante posibles robos.
Y también en la provincia. Es el caso del Distrito Sanitario Costa del Sol, donde se ha desarrollado un plan de seguridad que se está aplicando en los seis dispositivos de cuidados críticos y urgencias de la Costa (Estepona, Marbella, San Pedro Alcántara, Las Lagunas, Arroyo de la Miel y Torremolinos). De este modo, cada punto de urgencias cuenta con dos cámaras que cubren la recepción, la sala de espera y los espacios comunes, además de un botón antipánico, que el personal puede pulsar en el momento en que detecte alguna incidencia. Ambas herramientas están conectadas a una central de alarmas, a los responsables de los centros, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Los hospitales Clínico, Carlos Haya, Materno, Civil y Costa del Sol han optado por instalar alarmas en las consultas que permiten a los trabajadores alertar al departamento de seguridad ante una agresión o riesgo inminente. Los cincuenta botones antipánico están conectados a una pantalla situada en la sala de recepción de Urgencias, que está controlada permanentemente por uno de los 29 vigilantes que trabajan en el Clínico. El mecanismo es sencillo. Si algún sanitario pulsa el timbre, se enciende una luz en el monitor que indica al guarda de seguridad el lugar exacto donde se está produciendo una situación de riesgo.
El complejo Carlos Haya también ha empezado a colocar estos timbres en todos sus centros, en la unidad de agudos de salud mental del Hospital Civil y en el Materno, en cada una de las consultas de pediatría

MÁLAGA
¿Es posible más vigilancia?
La mejora de la seguridad, en manos de la Subdelegación del Gobierno y de la Junta de Andalucía
A. ROCHE | MÁLAGA

¿Y de la vigilancia, qué? Este fue uno de los principales asuntos planteados por los comerciantes al alcalde y, después de dos horas de reunión, salieron con las expectativas defraudadas. Sobre todo porque el concejal de Seguridad, Antonio Cordero, «no aportó ninguna solución y se dedicó a echar balones fuera», dijo uno de los asistentes, que criticó, asimismo, el tono empleado por el edil.
Sin embargo, al alcalde sí pareció preocuparle este problema que inquieta a los propietarios de locales y se comprometió a poner en marcha cuanto antes la segunda fase de la videovigilancia siempre y cuando la Junta de Andalucía pague la mitad de su instalación.
Casi un año
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprobó el pasado enero el proyecto para la instalación de 29 cámaras para la videovigilancia que se unirán a las 17 que entraron en funcionamiento en marzo de 2007 y que controlan lo que sucede las veinticuatro horas del día en esta zona de la ciudad.
Los nuevos equipos se ubicarán en el perímetro exterior que rodea el casco antiguo de Málaga. Es decir, en la calle Nueva, Carretería y Alcazabilla, el entorno del Museo Picasso -en la zona de San Agustín-, el tramo que queda por completar de la primera fase en la calle Granada y la plaza de la Merced, según consensuado con los comerciantes.
La inversión para esta segunda fase de la videovigilancia, cuya redacción del anteproyecto de suministro e instalación se encargó a la empresa Implanta, es de 652.600 euros. Para sufragarlo, el Consistorio solicitó a la Junta de Andalucía una subvención para acometer la actuación.
«La videovigilancia no es competencia municipal, pero aun así hacemos un esfuerzo enorme para dotar a Málaga de mayores niveles de seguridad, pero ese esfuerzo tienen que hacerlo también las otras Administraciones», manifestó la concejala de Comercio, Purificación Pineda.
Los propietarios de comercios se quejaron de la falta de seguridad en esa parte del Centro Histórico, pero desde el equipo de gobierno les dijeron que esa era competencia del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, un problema que debe resolver la Subdelegación del Gobierno. No obstante, se puso de manifiesto la constante presencia de agentes municipales en el casco antiguo.
Los comerciantes afectados confían en la videovigilancia para mejorar la seguridad en su zona, pero la Junta de Andalucía aún no ha comprometido cantidad alguna para la segunda fase. Una vez que responda, el plazo de ejecución de los trabajos es de medio año, tras el preceptivo permiso de la Comisión de Garantías de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.