Operarios y vigilantes de la planta que trató el lindane quieren someterse a análisis

Operarios y vigilantes de la planta que trató el lindane quieren someterse a análisis
La investigación decretada por el juez da luz verde a las pruebas que durante años solicitaron sin éxito los vecinos
El miedo al lindane sigue latente en Barakaldo y voluntarios no van a faltar para someterse al estudio epidemiológico que determinará el impacto que tuvo entre la población. El simple anuncio de los primeros análisis de sangre, decretado este mes por el juez encargado del caso y publicado ayer por EL CORREO, ha movilizado a los ciudadanos. Sobre todo a quienes mayor relación tuvieron con el almacén «clandestino» que durante siete años, entre 1995 y 2002, gestionó la sociedad pública Ihobe en los terrenos que ahora ocupa el BEC. Operarios de las empresas que allí trabajaron y policías que lo custodiaron se han confesado preocupados y han mostrado interés en someterse a las pruebas.
El caso de los primeros no deja de ser curioso. Máxime si se tiene en cuenta que ninguna de las subcontratas que operaron en el depósito residual han facilitado el nombre de sus trabajadores al juzgado, pese a los requerimientos en este sentido. Los empleados, que pertenecían a una unión temporal de empresas, trabajaron siempre con las correspondientes medidas de prevención y seguridad, embutidos incluso en escafandras aislantes, pero dieron positivo en algunos de los análisis que se les realizaron en su momento para detectar sustancias como el lindane o el triclorobenceno. Su preocupación es creciente, ya que se les prometió hacer seguimiento de su estado de salud, extremo éste del que nadie se hace cargo en la actualidad.
Vieja herida
Otro tanto sucede con los agentes de la Policía local de Barakaldo, que se encargaron de vigilar el almacén «ilegal» durante las operaciones para evitar posibles incidentes. Aunque su contacto no fue tan directo con el pesticida, las medidas de seguridad eran casi inexistentes en su caso. «Han sido varios los efectivos que ya se han puesto en contacto con nosotros para solicitar información», confirmaban ayer desde la asociación ecologista Lur Maitea, responsable de la querella criminal que, siete años después, ha hecho posible la realización del estudio epidemiológico a la población.
Lo cierto es que la investigación que ahora comienza reabre una vieja herida. Y es que fueron los propios vecinos de la segunda urbe vizcaína quienes, a comienzos de esta década, solicitaron análisis para detectar la presencia de lindane en su organismo. La petición, sin embargo, fue rechazada entonces por Osakidetza, tras argumentar que las pruebas requeridas «no figuraban en su catálogo».
Aquellas mismas personas confiesan ahora tener una sensación «agridulce». Celebran la realización del estudio y están dispuestos a presentarse como voluntarios a los exámenes médicos, pero desconfían de sus resultados. «¿De qué sirve si analizan a un vecino que sólo lleva dos años en Barakaldo», se pregunta Carlos Blas, paciente del ambulatorio de La Paz, uno de los tres elegidos para la investigación, junto a los de Zuazo y Lutxana.
De la misma opinión es Leopoldo Redondo. Vecino de Kareaga, soportó el traslado del lindane hasta la celda de seguridad, ubicada a escasos metros de su casa. Considera que la población ya ha sido víctima del pesticida y que el estudio epidemiológico «llega tarde», pero asegura que no lo va a dejar pasar. «A mí esto es algo que me come por dentro y llevo muchos años luchando como para olvidar», afirma indignado.