Ni los llamamientos del Ministerio del Interior ni las campañas de las asociaciones movilizaron ayer a los guardias civiles en las primeras elecciones democráticas del cuerpo. Sólo el 34,17% de los 86.000 agentes en activo y en segunda actividad llamados a las urnas depositaron su voto. En juego está la elección de los representantes que se sentarán en el nuevo consejo de la Guardia Civil junto a los responsables de la Administración y en el que, por primera vez, tendrán voz las asociaciones, hasta ahora apartadas de cualquier foro oficial.
La escasa respuesta a estos comicios ha sorprendido tanto al Gobierno como a los propios colectivos de guardias, que durante décadas habían luchado por un órgano como el actual consejo, un foro colegiado con cierto poder de decisión en cuestiones laborales, similar a un comité de empresa.
Las cifras de participación de este jueves quedan, incluso, por debajo de las elecciones en 2002 al desaparecido consejo asesor (en el que no se podían elegir siglas) y que fueron boicoteadas por las asociaciones, por entender que este foro era un «paripé» para ocultar la falta de democracia interna en el cuerpo. Hace nueve años, el 47% de los agentes tomaron parte en aquellas pseudo-elecciones a pesar de la contestación de los colectivos de trabajadores. En el proceso electoral de ayer serán elegidos 15 representantes de guardias civiles, entre las 18 candidaturas correspondientes a nueve asociaciones profesionales o agrupaciones de electores. Estos vocales representarán a más de 74.000 miembros de la escala básica de cabos y guardias, unos 8.200 suboficiales, más de 2.600 funcionarios de la escala de oficiales y facultativos y unos 1.200 trabajadores de la escala superior.
Voz
El Consejo de la Guardia Civil, creado en 2007, tendrá voz en algunas de las cuestiones legales y reglamentarias más importantes del cuerpo, tales como la modificación del estatuto profesional y del régimen disciplinario; la determinación del régimen retributivo; la puesta en marcha de programas de enseñanza y planes de formación la actualización de régimen de permisos, vacaciones y licencias; o planes de previsión social complementaria.
Los resultados no se harán públicos hasta hoy, pero como favorita indiscutible se perfila la mayoritaria Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la única que concurre a todos los estamentos (oficiales, técnicos, suboficiales y cabos y guardias). Este colectivo ha recibido el apoyo expreso de CCOO, del mayoritario Sindicato Unificado de la Policía, del sindicato de la Ertzaintza ERNE y de Eurocop, la confederación europea de policías.
AUGC ha sido la asociación más combativa con el Ministerio del Interior. Sus dirigentes tienen varios expedientes disciplinarios y en su haber también figura la convocatoria de la primera y polémica manifestación de guardias civiles uniformados en abril de 2006, que discurrió en la plaza Mayor de Madrid, y que desembocó en un enfrentamiento directo con Alfredo Pérez Rubalcaba.
La escasa respuesta a estos comicios ha sorprendido tanto al Gobierno como a los propios colectivos de guardias, que durante décadas habían luchado por un órgano como el actual consejo, un foro colegiado con cierto poder de decisión en cuestiones laborales, similar a un comité de empresa.
Las cifras de participación de este jueves quedan, incluso, por debajo de las elecciones en 2002 al desaparecido consejo asesor (en el que no se podían elegir siglas) y que fueron boicoteadas por las asociaciones, por entender que este foro era un «paripé» para ocultar la falta de democracia interna en el cuerpo. Hace nueve años, el 47% de los agentes tomaron parte en aquellas pseudo-elecciones a pesar de la contestación de los colectivos de trabajadores. En el proceso electoral de ayer serán elegidos 15 representantes de guardias civiles, entre las 18 candidaturas correspondientes a nueve asociaciones profesionales o agrupaciones de electores. Estos vocales representarán a más de 74.000 miembros de la escala básica de cabos y guardias, unos 8.200 suboficiales, más de 2.600 funcionarios de la escala de oficiales y facultativos y unos 1.200 trabajadores de la escala superior.
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El Consejo de la Guardia Civil, creado en 2007, tendrá voz en algunas de las cuestiones legales y reglamentarias más importantes del cuerpo, tales como la modificación del estatuto profesional y del régimen disciplinario; la determinación del régimen retributivo; la puesta en marcha de programas de enseñanza y planes de formación la actualización de régimen de permisos, vacaciones y licencias; o planes de previsión social complementaria.
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