También tiene que visualizar una media de 300 objetos en el escáner.
Se forman largas colas y malestar entre los usuarios
No da abasto. Un solo vigilante de seguridad se ve obligado, cada día, a controlar el acceso de más de 400 personas en las instalaciones de la Generalitat en el edificio Prop de la Rambla, de 14 plantas.
El sindicato CSI-CSIF denuncia la falta de personal en estas instalaciones, de la intervención delegada del Consell, el Instituto Valenciano de la Juventud, el servicio Prop, la delegación territorial de la Conselleria de Función Pública y Gobernación, parte de Sanidad y Consumo, Bienestar Social y otros servicios.
Este empleado, aparte de regular la entrada del público, debe, además, «visualizar una media de 300 objetos a través del escáner, con lo que en ocasiones se forman largas colas que generan malestar entre los usuarios», según apuntan fuentes del CSIF, «que se agravan cuando tienen que acudir personas con problemas de tutela social, retirada de custodia de menores, adopciones y otros problemas», añaden.
Desde el CSIF señalan que otras instalaciones públicas con menor afluencia diaria de público «tienen hasta dos y tres vigilantes de seguridad».
El único encargado en este edificio declinó hacer declaraciones a 20 minutos por no estar autorizado.
Se forman largas colas y malestar entre los usuarios
No da abasto. Un solo vigilante de seguridad se ve obligado, cada día, a controlar el acceso de más de 400 personas en las instalaciones de la Generalitat en el edificio Prop de la Rambla, de 14 plantas.
El sindicato CSI-CSIF denuncia la falta de personal en estas instalaciones, de la intervención delegada del Consell, el Instituto Valenciano de la Juventud, el servicio Prop, la delegación territorial de la Conselleria de Función Pública y Gobernación, parte de Sanidad y Consumo, Bienestar Social y otros servicios.
Este empleado, aparte de regular la entrada del público, debe, además, «visualizar una media de 300 objetos a través del escáner, con lo que en ocasiones se forman largas colas que generan malestar entre los usuarios», según apuntan fuentes del CSIF, «que se agravan cuando tienen que acudir personas con problemas de tutela social, retirada de custodia de menores, adopciones y otros problemas», añaden.
Desde el CSIF señalan que otras instalaciones públicas con menor afluencia diaria de público «tienen hasta dos y tres vigilantes de seguridad».
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