La vía judicial contra EPC sigue abierta

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La vía judicial contra EPC sigue abierta

El TSJ de Cataluña ordena que la Generalitat se pronuncie sobre si se puede adaptar o no la EpC al ideario de los centros de iniciativa social.

REDACCIÓN HO.- José Jaime Rico, abogado y portavoz de varios padres objetores leridanos que han recurrido contra la denegación de su derecho a la objeción de conciencia, ha informado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado un Auto en el que insta a la Generalitat a pronunciarse sobre la posibilidad de adaptar la EpC al ideario de los centros privados.

De esta manera, el TSJC ha admitido su petición de prueba consistente en requerir al Departamento de Educación de la Generalitat a fin de que certifique si, tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo, la Administración educativa catalana va a permitir que los centros escolares privados y concertados de Cataluña impartan Educación para la Ciudadanía adaptada a su ideario, así como si les permite elegir un libro de texto también acorde con su carácter propio.

Mediante esta resolución la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal autonómico ha rechazado el recurso del letrado de la Generalitat contra la admisión de dicho medio de prueba. El Auto supone en consecuencia un importante triunfo para las tesis del movimiento objetor.

Rico ha destacado la importancia de esta decisión, ya que obligará a la Generalitat a pronunciarse sobre la posibilidad o no de adaptación de EpC al proyecto educativo de los colegios, de forma que en Cataluña se garantice el respeto a las convicciones morales, religiosas o filosóficas de los padres y madres de alumnos. "Con nuestra petición -ha dicho- queremos que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos, así como la libertad de enseñanza, y que la Administración diga públicamente si va a respetar dichos derechos fundamentales".

Por su parte Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, ha manifestado su apoyo a los recurrentes y ha recordado que los decretos de la Generalitat dictados en desarrollo de los reales decretos de enseñanzas mínimas del Ministerio de Educación tienen un contenido aún más adoctrinador que la normativa estatal, y que interfieren gravemente sobre el carácter propio de los centros educativos de iniciativa social. Además, ha destacado que esos decretos autonómicos han sido recurridos y todavía no se ha dictado sentencia.

Por todo ello, ha llamado a los padres a seguir atentos a la educación que reciben sus hijos, luchando contra esta materia, y a denunciar todos aquellos contenidos, libros de texto o profesores que incurran en adoctrinamiento, ejercitando las acciones judiciales correspondientes, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Este Alto Tribunal estableció en sus recientes sentencias sobre EpC que no cabe que ni la Administración educativa, ni los centros docentes, ni los concretos profesores puedan imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.

Finalmente, Novella ha anunciado que el 14 de mayo tendrá lugar en Barcelona un acto para informar de la situación de la objeción después de las sentencias del Supremo y de las próximas iniciativas del movimiento objetor.