Publicado el 20-07-2009 , por J. Montalvo. Madrid
El próximo 8 de noviembre, los clientes de telefonía móvil que no estén identificados serán desconectados del servicio y perderán su número.
A poco más de tres meses para esta fecha, cerca de 12,2 millones de clientes de Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo se encuentran en esta situación.
Son el 55% de los abonados en la modalidad de prepago que suman estas compañías, a los que la campaña de información lanzada por el Ministerio de Interior, impulsor de la Ley de Comunicaciones Electrónicas, no les ha movido hasta los miles de puntos de venta de móviles repartidos en España, habilitados para identificarse.
Cuando Interior anunció la campaña informativa Identifícate, el pasado marzo, quince millones de clientes de móviles no habían identificado la tarjeta de su móvil con sus datos, por medio del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, tal y como exige la ley aprobada en noviembre de 2007.
Falta de compromiso
Cuatro meses después, apenas tres millones de usuarios de móviles prepago han cumplido ese trámite, con un ritmo muy similar al de los meses previos. Con esta proporción mensual, de aquí a la fecha de desconexión, no se apuntarán más de tres millones de abonados adicionales, por lo que nueve millones de clientes perderían su línea móvil y su número, que no podrían recuperar.
De hecho, desde las operadoras se critica el escaso compromiso del Ministerio de Interior con la labor informativa, vital para este proceso. La campaña de marzo de Interior se limitó a implantar una nueva herramienta en su página web, con vínculos desde las web de todas las operadoras móviles, que permite a los usuarios identificarse de manera sencilla.
De los 20,3 millones de líneas de prepago que había en España al cierre de 2008, sólo unos ocho millones, según los cálculos del sector, están identificados. Corresponden, en su práctica totalidad, a los nuevos clientes captados por las operadoras móviles en el último año y medio, que tienen que comunicar, por la nueva ley, sus datos (nombre y DNI) para recibir el alta.
El Gobierno ha tratado de involucrar a los distribuidores para que exijan a los clientes que comuniquen sus datos cuando recargan sus tarjetas, pero con muy escaso éxito.
Los operadores móviles, por su parte, han intensificado en los últimos meses sus campañas de concienciación para tratar de llegar a la totalidad de sus clientes de prepago, reforzando principalmente dos mensajes: que identificarse es la única vía para no perder la línea, y que la decisión, adoptada por el Ministerio del Interior, se ha tomado por motivos de seguridad. Para estas compañías, según fuentes del sector, sólo el coste de la implantación de las medidas tecnológicas necesarias para almacenar los datos supera los 50 millones de euros.
Pero el coste directo de estas medidas no es el mayor problema. La desconexión de millones de clientes de prepago puede suponer un importante quebranto para las operadoras.
Durante el pasado año, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), los clientes con tarjeta prepago aportaron unos ingresos de 2.549 millones de euros a las compañías de móviles.
Eficacia discutida
Además, aunque las actuaciones contempladas en la Ley de Conservación de Datos se pusieron en marcha por la iniciativa de la Comunidad Europea tras el shock que produjeron los atentados de marzo de 2004 en Madrid, y julio de 2005 en Londres, los operadores de telecomunicaciones manifiestan, en privado, su escepticismo acerca de la eficacia que aportará una solución tan costosa para combatir el crimen organizado o el terrorismo internacional.
En primer lugar, la identificación de los usuarios de tarjetas de prepago no es exhaustiva, puesto que se produce en el punto de venta y ante personal que no está especializado en contrastar la autenticidad de la documentación, por lo que es relativamente sencillo utilizar documentos falsos.
Además, resulta relativamente fácil evitar este control, puesto que es posible utilizar tarjetas de prepago de otros países cercanos (como, por ejemplo, Marruecos), que no tienen implantado este sistema de identificación personal.
Un proceso controvertido
Obligaciones
La Ley de Comunicaciones Electrónicas, aprobada en noviembre de 2007 a propuesta del Ministerio de Interior, exige que todos los clientes de móviles estén identificados antes del próximo 8 de noviembre. Los usuarios sin identificar a esa fecha serán desconectados del servicio y perderán su número.
La situación
El 55% de los clientes de móviles con tarjeta prepago, unos 12 millones de usuarios, aún no se ha identificado, pese a la campaña de información de Interior. A este ritmo, cerca de 9 millones de abonados seguirán sin identificar en noviembre.
Damnificados
Al margen de los ciudadanos que pierdan su línea y su número de móvil, las operadoras, que ingresan más de 2.500 millones de euros al año con los abonados a sus ofertas prepago, serán las grandes perjudicadas por la medida legal.
Compromiso
Los operadores de móviles critican el escaso compromiso del Ministerio de Interior con el cumplimiento de la ley, ya que consideran insuficiente la campaña lanzada el pasado marzo, que se limitó a la implantación de una herramienta online.
Escepticismo
Las compañías de telecomunicaciones no ven clara la eficacia de la identificación como herramienta para combatir el terrorismo internacional y el crimen organizado. Dudan de la exhaustividad del proceso y recuerdan que se pueden usar tarjetas prepago de países cercanos, como Marruecos.
El próximo 8 de noviembre, los clientes de telefonía móvil que no estén identificados serán desconectados del servicio y perderán su número.
A poco más de tres meses para esta fecha, cerca de 12,2 millones de clientes de Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo se encuentran en esta situación.
Son el 55% de los abonados en la modalidad de prepago que suman estas compañías, a los que la campaña de información lanzada por el Ministerio de Interior, impulsor de la Ley de Comunicaciones Electrónicas, no les ha movido hasta los miles de puntos de venta de móviles repartidos en España, habilitados para identificarse.
Cuando Interior anunció la campaña informativa Identifícate, el pasado marzo, quince millones de clientes de móviles no habían identificado la tarjeta de su móvil con sus datos, por medio del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, tal y como exige la ley aprobada en noviembre de 2007.
Falta de compromiso
Cuatro meses después, apenas tres millones de usuarios de móviles prepago han cumplido ese trámite, con un ritmo muy similar al de los meses previos. Con esta proporción mensual, de aquí a la fecha de desconexión, no se apuntarán más de tres millones de abonados adicionales, por lo que nueve millones de clientes perderían su línea móvil y su número, que no podrían recuperar.
De hecho, desde las operadoras se critica el escaso compromiso del Ministerio de Interior con la labor informativa, vital para este proceso. La campaña de marzo de Interior se limitó a implantar una nueva herramienta en su página web, con vínculos desde las web de todas las operadoras móviles, que permite a los usuarios identificarse de manera sencilla.
De los 20,3 millones de líneas de prepago que había en España al cierre de 2008, sólo unos ocho millones, según los cálculos del sector, están identificados. Corresponden, en su práctica totalidad, a los nuevos clientes captados por las operadoras móviles en el último año y medio, que tienen que comunicar, por la nueva ley, sus datos (nombre y DNI) para recibir el alta.
El Gobierno ha tratado de involucrar a los distribuidores para que exijan a los clientes que comuniquen sus datos cuando recargan sus tarjetas, pero con muy escaso éxito.
Los operadores móviles, por su parte, han intensificado en los últimos meses sus campañas de concienciación para tratar de llegar a la totalidad de sus clientes de prepago, reforzando principalmente dos mensajes: que identificarse es la única vía para no perder la línea, y que la decisión, adoptada por el Ministerio del Interior, se ha tomado por motivos de seguridad. Para estas compañías, según fuentes del sector, sólo el coste de la implantación de las medidas tecnológicas necesarias para almacenar los datos supera los 50 millones de euros.
Pero el coste directo de estas medidas no es el mayor problema. La desconexión de millones de clientes de prepago puede suponer un importante quebranto para las operadoras.
Durante el pasado año, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), los clientes con tarjeta prepago aportaron unos ingresos de 2.549 millones de euros a las compañías de móviles.
Eficacia discutida
Además, aunque las actuaciones contempladas en la Ley de Conservación de Datos se pusieron en marcha por la iniciativa de la Comunidad Europea tras el shock que produjeron los atentados de marzo de 2004 en Madrid, y julio de 2005 en Londres, los operadores de telecomunicaciones manifiestan, en privado, su escepticismo acerca de la eficacia que aportará una solución tan costosa para combatir el crimen organizado o el terrorismo internacional.
En primer lugar, la identificación de los usuarios de tarjetas de prepago no es exhaustiva, puesto que se produce en el punto de venta y ante personal que no está especializado en contrastar la autenticidad de la documentación, por lo que es relativamente sencillo utilizar documentos falsos.
Además, resulta relativamente fácil evitar este control, puesto que es posible utilizar tarjetas de prepago de otros países cercanos (como, por ejemplo, Marruecos), que no tienen implantado este sistema de identificación personal.
Un proceso controvertido
Obligaciones
La Ley de Comunicaciones Electrónicas, aprobada en noviembre de 2007 a propuesta del Ministerio de Interior, exige que todos los clientes de móviles estén identificados antes del próximo 8 de noviembre. Los usuarios sin identificar a esa fecha serán desconectados del servicio y perderán su número.
La situación
El 55% de los clientes de móviles con tarjeta prepago, unos 12 millones de usuarios, aún no se ha identificado, pese a la campaña de información de Interior. A este ritmo, cerca de 9 millones de abonados seguirán sin identificar en noviembre.
Damnificados
Al margen de los ciudadanos que pierdan su línea y su número de móvil, las operadoras, que ingresan más de 2.500 millones de euros al año con los abonados a sus ofertas prepago, serán las grandes perjudicadas por la medida legal.
Compromiso
Los operadores de móviles critican el escaso compromiso del Ministerio de Interior con el cumplimiento de la ley, ya que consideran insuficiente la campaña lanzada el pasado marzo, que se limitó a la implantación de una herramienta online.
Escepticismo
Las compañías de telecomunicaciones no ven clara la eficacia de la identificación como herramienta para combatir el terrorismo internacional y el crimen organizado. Dudan de la exhaustividad del proceso y recuerdan que se pueden usar tarjetas prepago de países cercanos, como Marruecos.
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