Su informe afirma que son sometidos a castigos, abusos sexuales, aislamiento y medicación forzosa
NICOLÁS CASTELLANO (CADENA SER) /AGENCIAS 15-12-2009
Castigos, aislamiento, medicación forzosa, abusos sexuales, malos tratos, una la lista de vejaciones y vulneraciones legales es aun más larga según denuncia Amnistía Internacional. La ONG, a la que se le ha impedido la entrada a los llamados centros terapeúticos donde ingresan los menores a los que la administación retira la tutela a sus familias, basa su informe en 160 entrevistas realizadas en Madrid, Cataluña y Andalucía. Allí, en Málaga, Sara Casas ha contado como la trataban las monjas en el centro de protección terapeútico Dulce Nombre de María.
El aterrador testimonio de Sara
"El educador me dijo que si me portaba mal me tiraba a la piscina para que me ahogara". Te tiraban al suelo, se liaban a patadas, te amarraban y para arriba, a la celda. Baños de agua fría también nos daban, para que nos quitaran los nervios. Al colegio no iba. No podía ni levantar la mirada de tantos tranquilizantes. A veces me tenían que llevar en silla de ruedas porque no me podía mantener en pie". A Sara Casas nunca le dijeron por qué estaba tomando pastillas, a pesar de que ella lo preguntó en reiteradas ocasiones. "Cuando me llamaban la monja estaba arriba escuchando la llamada". "Me decían, 'como hables te vas a enterar', y tenías que decir que estabas bien". También afirma Sara que además de recibir estos malos tratos, que afirma haber visto cómo sufrían también otros niños del centro, las monjas leían sus cartas y a veces no se las entregaban. "Mi madre me llegó a escribir, pero yo nunca recibí la carta, porque te la rompen".
Amnistía denuncia que el gobierno estatal y las comunidades autónomas están vulnerando normas fundamentales como Convención de los derechos del niño, la convención contra la tortura y distintas reglas de Naciones Unidas.
'Si vuelvo, me mato'
El informe se llama 'Si vuelvo, me mato'. Está elaborado por la organización a partir de unas 170 entrevistas con trabajadores y menores (59) que están o han pasado por centros de Catalunya, Madrid y Andalucía, comunidades que concentran el 55% de los centros terapéuticos para menores con problemas de conducta de toda España. La investigación sigue la estela de la ya publicada por el Defensor del Pueblo sobre estos centros porque, pese a sus denuncias, "no ha cambiado casi nada".
"Si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si le diera medicación sin decirle para qué, si la mantuviera varios días aislada en una habitación y si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija, el fiscal o la autoridad judicial me la quitaría. Si esto lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como ha documentado AI, no pasa absolutamente nada", denuncia el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán.
Según ha explicado la investigadora de AI Elena Estrada, esto es lo que ocurre en los centros porque entre los castigos más frecuentes están el amordazar a los niños en una silla a la intemperie, privarles de alimento hasta tres días, encerrarles en "celdas de aislamiento una semana o dos", prohibir las visitas familiares u obligarles a permanecer 24 horas de pie. Añadió que se aplican contenciones físicas (sujeciones), mecánicas (ataduras) y farmacológicas (con medicamentos) "con objetivo de castigar al menor", y no como tratamiento o como respuesta a un momento puntual de crisis.
Niños que abusan de otros niños
En este sentido, la organización incide en la violación del derecho a la salud de estos niños, a quienes "se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica" y que pese a tener el derecho reconocido de conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido 12 años, no reciben información sobre los fármacos que están siendo obligados a ingerir.
En cuanto a los abusos sexuales, "los más difíciles de denunciar y probar" según la organización, Estrada señala el "caso paradigmático" ocurrido en un centro de Catalunya, donde un supuesto educador estuvo "años" abusando de los niños internados que, a su vez y como consecuencia, repitieron esta conducta con otros menores. "Muchos de ellos estaban en el centro precisamente porque habían sido víctimas de abusos sexuales", señaló.
Las consecuencias para estos niños "no pueden ser peores" tanto a nivel físico como psicológico. Estrada ha recordado que al menos una decena de menores se han suicidado en estos centros en la última década por "la falta de diligencia" de los trabajadores para prevenir esta situación ya que "ni siquiera piensan en retirarles el cinturón" cuando les ingresan en celdas de aislamiento.
Desprotegidos para denunciar
Ante estos abusos, los menores se encuentran "desprotegidos" ya que, según el informe, no disponen de mecanismos rápidos y sencillos para presentar una denuncia y sus interlocutores son los trabajadores del centro, que en muchos casos son quienes cometen los abusos. Si la queja prospera y hay juicio, la citación llega al propio centro, que tiene conocimiento de la situación incluso antes que el menor interesado.
NICOLÁS CASTELLANO (CADENA SER) /AGENCIAS 15-12-2009
Castigos, aislamiento, medicación forzosa, abusos sexuales, malos tratos, una la lista de vejaciones y vulneraciones legales es aun más larga según denuncia Amnistía Internacional. La ONG, a la que se le ha impedido la entrada a los llamados centros terapeúticos donde ingresan los menores a los que la administación retira la tutela a sus familias, basa su informe en 160 entrevistas realizadas en Madrid, Cataluña y Andalucía. Allí, en Málaga, Sara Casas ha contado como la trataban las monjas en el centro de protección terapeútico Dulce Nombre de María.
El aterrador testimonio de Sara
"El educador me dijo que si me portaba mal me tiraba a la piscina para que me ahogara". Te tiraban al suelo, se liaban a patadas, te amarraban y para arriba, a la celda. Baños de agua fría también nos daban, para que nos quitaran los nervios. Al colegio no iba. No podía ni levantar la mirada de tantos tranquilizantes. A veces me tenían que llevar en silla de ruedas porque no me podía mantener en pie". A Sara Casas nunca le dijeron por qué estaba tomando pastillas, a pesar de que ella lo preguntó en reiteradas ocasiones. "Cuando me llamaban la monja estaba arriba escuchando la llamada". "Me decían, 'como hables te vas a enterar', y tenías que decir que estabas bien". También afirma Sara que además de recibir estos malos tratos, que afirma haber visto cómo sufrían también otros niños del centro, las monjas leían sus cartas y a veces no se las entregaban. "Mi madre me llegó a escribir, pero yo nunca recibí la carta, porque te la rompen".
Amnistía denuncia que el gobierno estatal y las comunidades autónomas están vulnerando normas fundamentales como Convención de los derechos del niño, la convención contra la tortura y distintas reglas de Naciones Unidas.
'Si vuelvo, me mato'
El informe se llama 'Si vuelvo, me mato'. Está elaborado por la organización a partir de unas 170 entrevistas con trabajadores y menores (59) que están o han pasado por centros de Catalunya, Madrid y Andalucía, comunidades que concentran el 55% de los centros terapéuticos para menores con problemas de conducta de toda España. La investigación sigue la estela de la ya publicada por el Defensor del Pueblo sobre estos centros porque, pese a sus denuncias, "no ha cambiado casi nada".
"Si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si le diera medicación sin decirle para qué, si la mantuviera varios días aislada en una habitación y si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija, el fiscal o la autoridad judicial me la quitaría. Si esto lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como ha documentado AI, no pasa absolutamente nada", denuncia el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán.
Según ha explicado la investigadora de AI Elena Estrada, esto es lo que ocurre en los centros porque entre los castigos más frecuentes están el amordazar a los niños en una silla a la intemperie, privarles de alimento hasta tres días, encerrarles en "celdas de aislamiento una semana o dos", prohibir las visitas familiares u obligarles a permanecer 24 horas de pie. Añadió que se aplican contenciones físicas (sujeciones), mecánicas (ataduras) y farmacológicas (con medicamentos) "con objetivo de castigar al menor", y no como tratamiento o como respuesta a un momento puntual de crisis.
Niños que abusan de otros niños
En este sentido, la organización incide en la violación del derecho a la salud de estos niños, a quienes "se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica" y que pese a tener el derecho reconocido de conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido 12 años, no reciben información sobre los fármacos que están siendo obligados a ingerir.
En cuanto a los abusos sexuales, "los más difíciles de denunciar y probar" según la organización, Estrada señala el "caso paradigmático" ocurrido en un centro de Catalunya, donde un supuesto educador estuvo "años" abusando de los niños internados que, a su vez y como consecuencia, repitieron esta conducta con otros menores. "Muchos de ellos estaban en el centro precisamente porque habían sido víctimas de abusos sexuales", señaló.
Las consecuencias para estos niños "no pueden ser peores" tanto a nivel físico como psicológico. Estrada ha recordado que al menos una decena de menores se han suicidado en estos centros en la última década por "la falta de diligencia" de los trabajadores para prevenir esta situación ya que "ni siquiera piensan en retirarles el cinturón" cuando les ingresan en celdas de aislamiento.
Desprotegidos para denunciar
Ante estos abusos, los menores se encuentran "desprotegidos" ya que, según el informe, no disponen de mecanismos rápidos y sencillos para presentar una denuncia y sus interlocutores son los trabajadores del centro, que en muchos casos son quienes cometen los abusos. Si la queja prospera y hay juicio, la citación llega al propio centro, que tiene conocimiento de la situación incluso antes que el menor interesado.
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