Pros y contras de la reforma laboral

El documento de trabajo presentado por el Gobierno para reformar el actual modelo laboral propone cinco aspectos básicos. Como punto de partida resultan positivos, pero hasta que no seconcreten, es hablar por hablar.

Insuficiente, falto de contundencia, poco concreto; que propone un abaratamiento del despido y que pone en peligro la posibilidad de cerrar una reforma laboral eficiente. Son las principales reacciones mostradas por sindicatos y empresarios tras evaluar las líneas de actuación presentadas la semana pasada por el Gobierno en el marco del diálogo social.
El documento propone que la negociación que los agentes sociales desarrollan para reformar el mercado de trabajo se articule alrededor de cinco ejes fundamentales: la dualidad y la temporalidad del mercado laboral; la revisión de la política de bonificaciones a la contratación; el programa de empleo para jóvenes; el fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal para el empleo y la intermediación laboral. Es decir, elude algunas de las medidas que los empresarios consideran más urgentes, como la flexibilidad interna de las empresas, la rebaja de los costes laborales o fórmulas efectivas contra el absentismo laboral, entre otras. Además, tanto UGT como CCOO consideran que, con la excusa de reducir la tasa de temporalidad, lo que hace la propuesta del Gobierno es abaratar el despido de los profesionales.
Éstas son las principales líneas remitidas por el Ejecutivo a las partes como punto de partida para comenzar el diálogo.
1. Dualidad y temporalidad del mercado laboral.
Para el Gobierno, la polarización que existe entre contratos indefinidos y temporales representa "el problema estructural más grave" de nuestro mercado de trabajo. Para atajarlo, propone generalizar el contrato de fomento del empleo, presente en nuestro ordenamiento desde la reforma laboral de 1997, y que contempla una indemnización por despido improcedente de 33 días. Hasta la fecha, este tipo de contratación se dirige a grupos de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Es decir, que en la práctica esta norma sólo deja fuera a hombres de entre 30 y 45 años (y siempre que no sean parados de larga duración). La propuesta del Gobierno permitiría generalizar la utilización de este contrato, igualando en 33 días el
coste de la indemnización del despido improcedente disciplinario -que con el contrato indefinido actual es de 45 días- y por causas económicas. En ningún caso, salvo negociación entre empresario y trabajador, esta reducción de la indemnización afectaría a los contratos ya firmados.
Para María Eugenia Guzmán, abogada del grupo laboral de Cuatrecasas, esta medida es interesante porque "reduce la polarización que actualmente existe entre trabajadores fijos y temporales y generaliza el contrato indefinido frente al uso injustificado del eventual". Sin embargo, reconoce que la medida enmascara otro problema: el de la redefinición de las causas de extinción de la relación laboral.
El Gobierno no sólo propone una reducción de las indemnizaciones, sino que abre la posibilidad de que las empresas puedan crear un fondo para pagar parte del coste del despido de los trabajadores contratados bajo esta modalidad de fomento de la contratación indefinida. Este fondo, que supone la adaptación al mercado laboral español del modelo laboral austríaco (denominado Abfertigung Neu) sería gestionado por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que actualmente tiene un excedente acumulado de 4.000 millones de euros; aunque también se estudia la posibilidad de crear un fondo económico independiente.
Como resultado, de los 33 días de indemnización por año trabajado, la empresa sólo se haría cargo de 25 días netos y el resto se sufragaría a través de este instrumento.
María Eugenia Guzmán considera que, como medida transitoria, esta propuesta proporciona apoyo a las empresas más necesitadas, aunque "puede plantear dificultades de articulación técnica, sin ignorar los posibles costes adicionales que podría implicar una medida de este tipo". Por su parte, Federico Durán, responsable del departamento laboral de Garrigues, cree que el documento es bastante ambiguo en este punto: "Hay que determinar si se crea un fondo colectivo o individual, de cuánto será la aportación y quién la sufragará".
2. Revisión de la política de bonificaciones a la contratación.
El Gobierno reconoce que el sistema actual de bonificaciones no resulta eficiente, por lo que propone concentrar estas subvenciones en casos muy concretos -eso sí, respetando los compromisos adquiridos por los contratos bonificados en vigor-.
En concreto, propone bonificar los contratos indefinidos que se realicen a jóvenes de hasta 30 años con problemas de empleabilidad y a desempleados de larga duración que sean mayores de 45 años. También propone mantener aquellas subvenciones que fomentan el trabajo autónomo y que favorecen la prolongación de la vida laboral de los trabajadores de más edad. Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Sagardoy Abogados, no se muestra partidario de ligar subvenciones a contratos.
"Nadie contrata a quien no necesita aunque se le bonifique por ello. En nuestra historia laboral las bonificaciones han supuesto, en muchas ocasiones, un derroche innecesario e ineficaz. Hay que ir sólo a las bonificaciones justas y adecuadas", puntualiza.
3. El programa de empleo para jóvenes.
La revisión de los contratos bonificados engarza directamente con el siguiente punto de la propuesta del Gobierno: el empleo juvenil, cuya tasa de paro se sitúa actualmente en torno al 40%. Además de subir las subvenciones para la contratación indefinida de los menores de 30 años, el Ejecutivo propone aplicar bonificaciones a la transformación en indefinidos de los contratos de formación y prácticas. Además plantea que se amplíe de 21 a 24 años la edad máxima para acceder a un contrato de formación y que su retribución sea equivalente al salario mínimo interprofesional -que para 2010 está fijado en 633 euros al mes- en el segundo año de vigencia.
El responsable del departamento laboral de Garrigues cree que obviamente es necesario apoyar el empleo de los jóvenes, aunque puntualiza que "no hay que ligar el impulso de la contratación juvenil con las bonificaciones, porque ya ha quedado demostrado que esto no es efectivo". Para Durán, "en lo que hay que trabajar es en crear un contrato de inserción que permita el fácil acceso de este colectivo al mercado de trabajo".
4. El fomento de la reducción de jornada laboral.
El Gobierno quiere potenciar el trabajo a tiempo parcial como medida que puede contribuir a frenar el desempleo. Además, propone eliminar la posibilidad de que se realicen horas complementarias en este tipo de contrataciones y apuesta por dos tipos de jornada: una con horario de trabajo fijo -que podría concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada- y otra en la que el empresario podría cambiar el horario con un preaviso mínimo y en el que sí se podría acordar la realización de horas extras. Ésta última modalidad sólo aceptaría un contrato indefinido.
María Eugenia Guzmán señala que "estimular la contratación parcial tiene sentido porque España tiene un índice de utilización muy inferior al de otros países de nuestro entorno. Además, se ha demostrado que esta modalidad es una vía idónea para lograr una mejor conciliación de la vida laboral y personal". Coincide también en esta apreciación Sagardoy, quien añade que "es una medida muy coherente con la política de reducción de costes de las empresas".
Por otro lado, Guzmán advierte de que "debemos ser conscientes de que es una modalidad que hasta ahora ha tenido reiterados cambios normativos a veces no acertados, además de haberse concentrado mayoritariamente en el colectivo femenino, cuando debería ser una medida de aplicación universal". Además hace especial hincapié en que es necesario prestar atención a la letra pequeña porque, por un lado, fomenta esta modalidad de contrato y, por otro, la hace más rígida. En el caso concreto de la reducción de jornada, Ceferí Soler, profesor del departamento de dirección de recursos humanos de Esade, considera que "se deberían acordar incentivos para los trabajadores que permitan su reducción de jornada y salario. Premios sociales, no económicos, y visibilidad social para las personas voluntarias. Esto fomentaría mayor compromiso".
5. Potenciar la intermediación de agencias privadas de colocación y empresas de recolocación.
Es un punto sobre el que existe un mayor consenso. Para el responsable del departamento laboral de Garrigues en el caso de la agencias de recolocación hay un aspecto muy importante que no se ha abordado. El Gobierno propone que estas empresas centren su trabajo en buscar un nuevo empleo a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, "pero no hay que vincular su actividad sólo a este colectivo. Su potencial en mucho más fuerte y no se contempla que pueden ser muy eficaces para otro tipo de profesionales que también buscan su reincorporación laboral", señala Federico Durán.

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