No han querido dejar su suerte en manos de los tribunales. Cinco años después de que comenzara el proceso por el incendio de la Torre Windsor, todos los implicados han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial días antes de que tuviera lugar la primera audiencia previa. El Corte Inglés, Deloitte y Prosegur, los tres actores principales del caso, firmaron las paces en la primera semana de marzo. Y con ellos, el resto de implicados, en su mayoría aseguradoras, poniendo fin a las once demandas en curso.
El pasado 22 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia nº18 de Madrid puso punto y final al caso Windsor. Ese día vio la luz el contenido de la sentencia, cuyo fallo, ¨por acogimiento de la renuncia a las acciones y derechos¨, ha resultado ser al final la desestimación de las demandas interpuestas entre todos los implicados. El documento, sin embargo, no recoge ningún detalle de los acuerdos alcanzados entre las partes en liza, mezcladas todas entre sí por el cruce de demandas interpuestas.
El mutismo al respecto del contenido del pacto es máximo. Ninguno de los protagonistas ha querido dar detalles. Todos han firmado un acuerdo de confidencialidad por el que se han comprometido a no revelar, por mínimo que sea, ningún aspecto del mismo. ¨Ha sido un triunfo no llegar a juicio¨, explican desde uno de los bufetes implicados. ¨Para que esto ocurra tiene que ceder todo el mundo un poco en las pretensiones, aunque es cierto que puede ser que lo hayan tenido que hacer unos más que otros¨.
Tras el cierre del proceso penal, que concluyó sin señalar un culpable claro del incendio, el cruce de demandas civiles se inició en 2008 por parte de Deloitte, inquilino de 20 de las 25 plantas, que reclamó a El Corte Inglés y Prosegur hasta 37 millones de euros por la actuación negligente de los vigilantes de seguridad y por la falta de medios del edificio, propiedad de Asón Inmobiliaria (familia Reyzábal) y luego de la cadena de grandes almacenes, que ha levantado en el mismo lugar la nueva torre Titania.
La réplica no se hizo esperar y El Corte Inglés, tras comprar Asón, demandó a su vez a Deloitte y Prosegur por más de 55 millones. Al final, el proceso civil terminó en un fuego cruzado de once demandas que terminaron acumulándose en un mismo juzgado, donde se resolvería sobre la responsabilidad de los daños y perjuicios sufridos por el incendio de la Torre Windsor, convirtiéndose así el caso en un macrojuicio donde estaban en juego indemnizaciones por valor de hasta 200 millones de euros.
De esta manera, la particularidad del caso hacía que todos los demandantes fueran a su vez demandados, excepto la empresa de seguridad Prosegur, que no actuó contra nadie por no sufrir perjuicio alguno y que sin embargo ha sido reclamada por todos por no haber sofocado el incendio a tiempo. Por este motivo, el probable que en el acuerdo extrajudicial alcanzado la compañía de seguridad haya sido una de las partes que más haya tenido que ceder, según las fuentes jurídicas consultadas.
Más de dos años de negociaciones
El día 11 de marzo debía haberse celebrado la primera audiencia previa del juicio, que habría continuado una semana después, pero el acuerdo marco alcanzado entre todas las partes no dio pie a que arrancara la parte final del proceso. ¨Han sido más de dos años de negociaciones¨, explican desde uno de los despachos participantes. ¨Al final ha sido por una cuestión práctica, porque el caso podía haberse dilatado en el tiempo muchos años y ese era un escenario que no convenía a nadie¨.
La importancia del caso puso en liza a los principales bufetes del país y a sus socios de Procesal. De un lado, Cuatrecasas asistía a El Corte Inglés y Uría Menéndez representaba a Mapfre y Allianz, aseguradoras del edificio, mientras que de otro, la defensa de Deloitte estaba en manos de Garrigues y la de Prosegur, en las de Pérez Llorca. La representación de las aseguradoras que pagaron a El Corte Inglés por los daños sufridos corrió a cargo del despacho internacional especializado Davies Arnold Cooper.
Más allá de los argumentos legales de cada parte ha existido también una predisposición por parte de las altas esferas de cada compañía para llegar a una solución que conviniera a todos. Precisamente, los intereses cruzados entre las partes daban pie para que hubiera un arreglo extrajudicial, pues Deloitte es el auditor de cabecera de El Corte Inglés, mientras que Prosegur presta a su vez servicios de seguridad a la cadena de grandes almacenes. Donde hay negocio hay siempre acuerdo.
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El pasado 22 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia nº18 de Madrid puso punto y final al caso Windsor. Ese día vio la luz el contenido de la sentencia, cuyo fallo, ¨por acogimiento de la renuncia a las acciones y derechos¨, ha resultado ser al final la desestimación de las demandas interpuestas entre todos los implicados. El documento, sin embargo, no recoge ningún detalle de los acuerdos alcanzados entre las partes en liza, mezcladas todas entre sí por el cruce de demandas interpuestas.
El mutismo al respecto del contenido del pacto es máximo. Ninguno de los protagonistas ha querido dar detalles. Todos han firmado un acuerdo de confidencialidad por el que se han comprometido a no revelar, por mínimo que sea, ningún aspecto del mismo. ¨Ha sido un triunfo no llegar a juicio¨, explican desde uno de los bufetes implicados. ¨Para que esto ocurra tiene que ceder todo el mundo un poco en las pretensiones, aunque es cierto que puede ser que lo hayan tenido que hacer unos más que otros¨.
Tras el cierre del proceso penal, que concluyó sin señalar un culpable claro del incendio, el cruce de demandas civiles se inició en 2008 por parte de Deloitte, inquilino de 20 de las 25 plantas, que reclamó a El Corte Inglés y Prosegur hasta 37 millones de euros por la actuación negligente de los vigilantes de seguridad y por la falta de medios del edificio, propiedad de Asón Inmobiliaria (familia Reyzábal) y luego de la cadena de grandes almacenes, que ha levantado en el mismo lugar la nueva torre Titania.
La réplica no se hizo esperar y El Corte Inglés, tras comprar Asón, demandó a su vez a Deloitte y Prosegur por más de 55 millones. Al final, el proceso civil terminó en un fuego cruzado de once demandas que terminaron acumulándose en un mismo juzgado, donde se resolvería sobre la responsabilidad de los daños y perjuicios sufridos por el incendio de la Torre Windsor, convirtiéndose así el caso en un macrojuicio donde estaban en juego indemnizaciones por valor de hasta 200 millones de euros.
De esta manera, la particularidad del caso hacía que todos los demandantes fueran a su vez demandados, excepto la empresa de seguridad Prosegur, que no actuó contra nadie por no sufrir perjuicio alguno y que sin embargo ha sido reclamada por todos por no haber sofocado el incendio a tiempo. Por este motivo, el probable que en el acuerdo extrajudicial alcanzado la compañía de seguridad haya sido una de las partes que más haya tenido que ceder, según las fuentes jurídicas consultadas.
Más de dos años de negociaciones
El día 11 de marzo debía haberse celebrado la primera audiencia previa del juicio, que habría continuado una semana después, pero el acuerdo marco alcanzado entre todas las partes no dio pie a que arrancara la parte final del proceso. ¨Han sido más de dos años de negociaciones¨, explican desde uno de los despachos participantes. ¨Al final ha sido por una cuestión práctica, porque el caso podía haberse dilatado en el tiempo muchos años y ese era un escenario que no convenía a nadie¨.
La importancia del caso puso en liza a los principales bufetes del país y a sus socios de Procesal. De un lado, Cuatrecasas asistía a El Corte Inglés y Uría Menéndez representaba a Mapfre y Allianz, aseguradoras del edificio, mientras que de otro, la defensa de Deloitte estaba en manos de Garrigues y la de Prosegur, en las de Pérez Llorca. La representación de las aseguradoras que pagaron a El Corte Inglés por los daños sufridos corrió a cargo del despacho internacional especializado Davies Arnold Cooper.
Más allá de los argumentos legales de cada parte ha existido también una predisposición por parte de las altas esferas de cada compañía para llegar a una solución que conviniera a todos. Precisamente, los intereses cruzados entre las partes daban pie para que hubiera un arreglo extrajudicial, pues Deloitte es el auditor de cabecera de El Corte Inglés, mientras que Prosegur presta a su vez servicios de seguridad a la cadena de grandes almacenes. Donde hay negocio hay siempre acuerdo.
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