Los jueces de la Audiencia piden al CGPJ que defienda a Garzón frente a EL MUNDO

Los jueces de la Audiencia piden al CGPJ que defienda a Garzón frente a EL MUNDO

• Los compañeros del magistrado defienden su 'integridad profesional'
  
• Creen que EL MUNDO 'excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales'
  

La Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional defendió "la integridad profesional" de su compañero Baltasar Garzón después de las críticas en su contra publicadas en el editorial de EL MUNDO tras la decisión del magistrado de ordenar la elaboración de un listado de desaparecidos de la Guerra Civil española.


El colectivo de jueces anunció que solicitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice "un expreso pronunciamiento" ante "las injustas y arbitrarias opiniones" vertidas por este periódico.

Tras una reunión celebrada durante la mañana de hoy, los magistrados Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Eloy Velasco acordaron por unanimidad ante la publicación del citado editorial, titulado 'Truculenta Garzonada' poner de manifiesto que este artículo de opinión "excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales" y llega a "poner en entredicho la integridad profesional del magistrado Baltasar Garzón".

Los cinco jueces destacan que el periódico acusa incluso a Garzón de que "no tuvo tiempo de transcribir las cintas de islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M" o de que es "incapaz de investigar quién dio el chivatazo a los recaudadores de ETA".
Por todo ello y con el fin de que "se garantice el ejercicio de una justicia independiente, responsable y eficaz" la Junta de Jueces ha acordado dirigirse al CGPJ a través de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para pedirle que realice "un expreso pronunciamiento" por estas opiniones.

Por su parte, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, se ha reafirmado en su postura de calificar de "truculenta 'garzonada'" la decisión del juez de la Audiencia Nacional y ha instado al Consejo General del Poder Judicial a "ocuparse de los asuntos que realmente están causando desprestigios para la Justicia" en lugar de ceder a "la presión corporativista de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional".

Pedro J. Ramírez ha afirmado que la nota de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, en la que solicitan al CGPJ que realice "un expreso pronunciamiento" ante "las injustas y arbitrarias opiniones" vertidas por este periódico, "lo único que puede provocar es absoluto estupor", ya que de ellas puede deducirse que "estos magistrados desconocen la Constitución y el significado de la libertad de expresión".

En este sentido, ha señalado que "lo injusto y arbitrario no es el editorial de El Mundo, sino que lo injusto y arbitrario" son las decisiones como las de los magistrados de la propia Audiencia Nacional que pusieron en libertad a la etarra Elena Beloki, las decisiones que "permitieron" la fuga del abogado Emilio Rodríguez Menéndez o "el escándalo y alarma social que está provocando, con enorme descrédito para la Justicia, la truculenta 'garzonada'".
La actuación de Garzón


El juez Garzón dictó ayer una providencia en la que solicita a instituciones como el Valle de los Caídos o el Monasterio del Escorial, a cuatro ayuntamientos y a todas las parroquias de España que aporten toda la información disponible con objeto de realizar un listado de desaparecidos de la Guerra Civil.
El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.