Las agresiones en discotecas se repiten cada mes a manos de porteros sin título Las salas están obligadas a contratar a vigilantes de seguridad a partir de 300 personas de aforo La entrada a muchos locales sigue vigilada por ex militares de países del Este que, a veces, van armados
23.11.08 - M. V. COBO
La muerte del joven Álvaro Ussía en Madrid tras los golpes que recibió de los porteros de una discoteca ha vuelto a poner a estos empleados en el punto de mira. Días después, un joven en la localidad murciana de Lorca sufría otra brutal agresión por parte de los mismos profesionales, los controladores de la entrada de una sala de fiestas. Fuertes, agresivos y con especial facilidad para actuar, los porteros de discoteca no han gozado de buena imagen en una ciudad como Granada, famosa por su ocio nocturno. Y es que la agresividad de estos trabajadores no es una exageración; cada mes siguen llegando denuncias por agresión contra ellos a las comisarías de la Policía de la ciudad. Una triste realidad en la que los empresarios tienen mucho que decir.
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en regular, en el año 2003, el derecho de admisión en los locales de ocio nocturno para evitar la arbitrariedad con la que el persona de entrada decidía quien podía entrar y quien no en bares de copas y discotecas.
En aquellos decretos se establecía también que las salas de espectáculos debían contar con los servicios de vigilantes de seguridad titulados. La federación de asociaciones de empresarios de cine recurrió este punto por sentirse perjudicados, lo que permitió que durante tres años, hasta que hubo resolución judicial, quedara en el aire la obligación de tener personal titulado.
Sin embargo, desde octubre de 2007, estos establecimientos están obligados a contar con servicios de vigilancia durante todo su horario de funcionamiento, cuando el local supera las 300 personas de aforo.
Las competencias para vigilar que esto se cumpla las tiene el Cuerpo Nacional de Policía, que durante este año ha realizado más de 20 inspecciones a estos locales. Agentes de paisano observan a los trabajadores de discotecas y bares y ya han presentado en lo que va de año alrededor de una decena de propuestas de sanción por dejar en manos de personas no formadas las delicadas tareas de vigilancia.
Sin formación alguna
El responsable policial de estas inspecciones explicaba que es habitual que en las grandes salas de fiestas y bares de copas sean personas sin formación las que tienen el control de la entrada. El perfil de estos empleados, que suelen proceder de países del Este, es el de varones que han ejercido en sus lugares de origen como policías o han servido en el Ejército.
Están bien preparados físicamente y tienen un aspecto intimidatorio. Y además, en esas inspecciones han constatado que no es raro que vayan armados con porras extensibles y otras de madera. En una ocasión, encontraron a uno de estos porteros un juego de grilletes.
La labor de estos porteros, según explican las mismas fuentes policiales, debe limitarse a controlar que el cliente ha pagado la entrada y deben velar por que sean mayores de edad.
Pero ni siquiera pueden exigirles la documentación, eso es algo que sólo puede llevar a cabo un vigilante de seguridad. En esta observación policial, los agentes han comprobado cómo esos porteros exigían la documentación y llegaban incluso a cachear a un cliente, algo que excede completamente sus posibles competencias. Además, el derecho de admisión de los clientes, lo ponen en práctica de una forma totalmente subjetiva. Estos trabajadores, que suelen tener su documentación en regla y están dados de alta, proceden de algunas empresas que ofrecen 'personal de servicios', pero también de mafias extranjeras. Un grupo reducido de hombres se encarga de buscar otros compatriotas de sus características para que el negocio de la entrada quede en manos del mismo círculo.
Esta extralimitación en sus funciones de los porteros es la que los agentes de la Policía Nacional denuncian ante la Subdelegación del Gobierno que es la que tramita la sanción.
Multas
En caso de detectarse a un empleado ejerciendo labores que corresponden a un vigilante de seguridad, la multa se dirige a tres frentes. Por un lado, la empresa que ofrece a ese trabajador, que puede recibir una multa desde 30.000 euros. Y por otro, el trabajador que ejerce sin estar titulado y el establecimiento en el que presta sus servicios, que reciben una sanción a partir de 3.000 euros.
Desde el Cuerpo Nacional de Policía señalan que la mayoría de grandes establecimientos que están obligados a contar con al menos un vigilante de seguridad, suelen contratarlo, aunque siguen siendo los porteros los que ejercen en realidad esa labor.
Las mismas fuentes explicaron que, suelen ser los locales de más tamaño los que dan más problemas. Y cada mes siguen llegando varias denuncias por agresión contra estos 'controladores sin control'. Desde el Cuerpo Nacional de Policía señalaron la necesidad de que los porteros reciban formación específica, algo que ya han tratado en algunas reuniones con los empresarios granadinos. El derecho de admisión sigue siendo el punto más conflictivo del negocio nocturno. Estos locales, según explica el jefe de servicio de Juegos y Espectáculos de la Junta, Juan Carlos Ruiz, sólo pueden negar la entrada en casos concretos. Según estipula el reglamento de admisión, pueden prohibir el acceso cuando el aforo esté lleno, sea la hora de cierre, el cliente sea menor de edad, no haya abonado la entrada, se muestre agresivo o porte armas, no cumpla condiciones de higiene, o lleve símbolos que inciten al racismo o la violencia.
Desde 2005, en este servicio han recibido 51 denuncias de clientes contra estos locales por no cumplir el derecho de admisión y han levantado nueve expedientes sancionadores durante 2008 por el mismo motivo. Ruiz explica que, además, hay hojas de reclamaciones por el mismo motivo que pasan al servicio de Consumo y otros expedientes que los tramita el Ayuntamiento en el que esté el local de ocio. Estas infracciones, consideradas graves, conllevan una multa de 301 a 30.000 euros.
Por su parte, tras el homicidio de Pintor Rosales, la Federación de Salas de fiesta, Baile y Discotecas de España se pronunció a través de un comunicado en el que advertía que la solución al problema de los porteros pasa por «la puntual actuación de la autoridades competentes». Y advierten que los porteros 'legales' no tienen encomendadas funciones de seguridad, sino de relaciones públicas, además de defender que realizan cursos de formación para ellos.
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